Bajo mi órbita

La semana pasada, desde estas páginas hicimos un repaso del pobre legado que ha tenido la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) a cinco años de su creación. La promesa de impulsar un transporte público ordenado, rápido, seguro y eficiente en la capital se incumplió, en parte, debido a problemas de gestión en la propia ATU. Así, a pesar de los recursos y del tiempo transcurrido, la administración de su presidenta, María Jara, fue incapaz de combatir de forma efectiva los males que plagan el transporte de Lima y el Callao.

Sin embargo, la abrupta salida que encontró el Gobierno a este problema debilita aún más a una institución que a duras penas ha podido dar sus primeros pasos. El miércoles pasado, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que se añadiría la “pérdida de confianza” como causal de vacancia para la presidencia de la ATU. Al día siguiente se publicaba el decreto supremo con el cambio en una edición extraordinaria del diario “El Peruano”. Poco después, Jara era removida del cargo para dejar en su lugar a José Aguilar Reátegui, ex director general de Transporte Multimodal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Es sintomático que quien encabezará ahora la ATU provenga del MTC. Después de todo, será ahora este ministerio el que pondrá o sacará a los jefes del organismo de transportes de la capital, al margen de si cumplieron el período de cinco años para el que fueron nombrados. Lo que ha hecho el Gobierno con este cambio normativo, en efecto, es convertir a un ente técnico –que debía tener niveles adecuados de independencia para desempeñar bien su labor– en un organismo más bajo la órbita directa del Ejecutivo. Con la nueva regulación, las máximas autoridades de la ATU no tendrán mucha más estabilidad o autonomía que las que pueden tener hoy los directores generales de los ministerios.

Si bien la figura y el trabajo de Jara pueden ser cuestionables, la solución no debía pasar por cercenar la posibilidad de la ATU de convertirse en una institución seria ajena a los vaivenes políticos. Desde su nombramiento en el 2019, Jara había visto pasar por el MTC a más de 10 ministros; con el nuevo régimen, cualquiera de ellos podría haberla removido para poner a alguien cercano a sus intereses, como, por ejemplo, el hoy prófugo Juan Silva.

Más allá del punto de fondo, además, no queda claro que el procedimiento de remoción haya respetado el marco legal. Se trató a todas luces de un cambio normativo con nombre propio, pasó por alto los pronunciamientos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) sobre las causas de remoción válidas, y afectó las funciones de una autoridad elegida bajo las reglas anteriores. Jara interpondrá un recurso legal para ser repuesta en el cargo.

Los intereses alrededor de la reforma del transporte en Lima y el Callao no son pocos ni toman descanso. Mientras que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por ejemplo, inicia en estas semanas el empadronamiento de colectiveros, desde el Congreso se insiste en la formalización de este servicio en la capital. La presión de estos grupos de interés hace especialmente necesario tener una ATU empoderada, eficaz e independiente, que les haga frente con argumentos técnicos, poder real de fiscalización y estabilidad para implementar medidas que no siempre serán populares. Y esto, por supuesto, es exactamente lo opuesto a lo que conseguirá la nueva normativa del Ejecutivo.