Cámaras de los secretos

El 9 de agosto los peruanos asistimos a uno de los espectáculos más bochornosos en lo que va del mandato del presidente Pedro Castillo. Esa tarde, las cámaras de televisión registraron cómo un equipo de fiscales y policías llegaba hasta la sede del gobierno para detener preliminarmente a la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes. Todos atestiguamos cómo personal de Palacio impidió la entrada de las autoridades durante alrededor de una hora y cómo Paredes, a la que las labores de inteligencia de la policía ubicaban en el lugar hasta la víspera, se había esfumado sin dejar rastro.

Como sugiere la lógica más básica, lo más probable es que la cuñada del mandatario, a quien considera como su hija, haya estado, efectivamente, en Palacio de Gobierno y que haya aprovechado las trabas que el personal del lugar puso a la acción de las autoridades para escapar furtivamente por algún otro sitio. Después de todo, ¿a quién podría sorprenderle que un presidente que se encuentra investigado por entorpecer las labores de búsqueda de su sobrino no haya ordenado que se hiciera lo propio para proteger a su cuñada? A estas alturas, lo sorprendente sería que el mandatario se mostrara solícito con las investigaciones contra sus familiares; no lo contrario.

Precisamente por la salud de las pesquisas (y, con ellas, la de la democracia peruana), es vital conocer los registros de las cámaras de seguridad de la sede gubernamental. Ellos podrían confirmar lo que todos sospechamos. Pero desde el Gobierno, como era de esperar, han desplegado todo tipo de excusas para frustrar una posibilidad que sin duda los debe tener preocupados; primero, alegando que no podían entregar las cintas porque estas contenían supuestos “secretos de Estado”; y ahora, pretendiendo que creamos que los registros de tres cámaras se perdieron casualmente el mismo día de la diligencia fiscal.

En un memorando distribuido ayer, la oficina de Análisis de la Información de la Casa Militar dio cuenta de que el registro de las cámaras pertenecientes al Salón Dorado, a la azotea y al ingreso de Desamparados de Palacio durante horas clave del 9 de agosto sencillamente se perdió. Más preciso, sin embargo, habría sido que nos digan que alguien se encargó de ‘perderlo’, toda vez que una de las hipótesis que maneja la fiscalía es que Paredes habría salido de la residencia presidencial –donde se encontraba al momento de la diligencia– hacia el despacho presidencial, a través del Salón Dorado, para eludir la orden de arresto (que solo cubría la residencia).

Resulta increíble que desde el Gobierno realmente crean que una triquiñuela como esta podría funcionarles. Peor aún, cuando no es esta la primera vez en la que se intenta recurrir a una artimaña de este tipo para entorpecer el avance de las investigaciones contra el presidente o su círculo familiar.

No olvidemos, por ejemplo, que en diciembre pasado el ahora colaborador de las autoridades y ex secretario general de Palacio Bruno Pacheco le entregó a la fiscalía un celular recién comprado y sin información, alegando que el anterior se le había “perdido”. Ello, en momentos en los que se conocían las denuncias de que había presionado a dos ex comandantes generales de las FF.AA. y al jefe de la Sunat para favorecer a algunos particulares. Tampoco que el detenido alcalde de Anguía, José Medina, que se encuentra involucrado en la investigación de la cuñada del presidente, denunció el pasado 12 de julio que había sufrido el robo de sus dos celulares mientras caminaba por el Centro de Lima alrededor de la 1:30 p.m.

¿De qué manera, pues, cabe interpretar estos hechos si no como intentos desvergonzados y burdos por obstruir las investigaciones contra el mandatario y sus allegados?

En su afán por ocultar información que podría resultar perjudicial para quien lo preside, el Gobierno no se ha dado cuenta de que al crear ardides para evitar que las autoridades accedan a las cámaras de Palacio de Gobierno no hacen otra cosa que abonar la tesis de que estas guardan secretos que no les conviene que sean revelados.