Cuentas dinámicas

No pasa una semana sin que un nuevo indicio de corrupción en el Ejecutivo o entre las personas cercanas al presidente Pedro Castillo llame la atención de la opinión pública (de hecho, un informe publicado por este Diario ha revelado que, en promedio, este gobierno ha protagonizado un escándalo cada tres días desde su inicio).

Los programas periodísticos de este domingo, por ejemplo, trajeron información sobre el favorecimiento a allegados en el que habría incurrido la actual ministra de Cultura, Betssy Chávez, cuando todavía ocupaba la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo (vaya nombre para más apropiado), y sobre un contrato por S/10.000 en la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios ganado por Sheyla Fernández, la joven pareja del sobrino del jefe del Estado, Gian Marco Castillo.

En muchas ocasiones, las personas comprendidas en denuncias como estas ya ni hacen el esfuerzo de levantar los cargos que se les imputan, a la espera quizás de que el siguiente escándalo haga pasar el suyo al olvido. Pero, en otras, la notoriedad política de los denunciados impide que tal cosa ocurra. Es el caso del secretario general de Perú Libre y ex gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, objeto de una investigación preparatoria del Ministerio Público por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. El partido que él lidera, como se sabe, fue el que postuló a Castillo a la presidencia el año pasado. Y desde la llegada de este último al poder, la gravitación de Cerrón sobre ciertas áreas de la administración pública ha sido evidente. Particularmente, sobre el Ministerio de Salud.

Es por eso que la investigación que se le sigue reviste singular importancia; más aún ahora que el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez John Pillaca, está a punto de definir si concede los 36 meses de prisión preventiva que el fiscal provincial Richard Rojas ha solicitado en su contra, y que un peritaje llevado adelante por la ya mencionada entidad sobre sus ingresos entre el 2008 y el 2021 ha mostrado resultados alarmantes. Según el informe elaborado por el Ministerio Público, en efecto, el líder de Perú Libre presenta entre esos años un desbalance patrimonial superior a los S/6,3 millones. El documento, cabe anotar, tiene fecha del 27 de octubre de este año y comprende un análisis de toda la información de carácter contable, bancaria, financiera, tributaria y bursátil del personaje en cuestión.

Con esos datos en manos, la fiscalía sostiene que el ex gobernador regional de Junín es el cabecilla de una organización criminal que se ha dedicado al lavado de dinero de origen ilícito a través de las finanzas de su partido, entre el 2010 y el 2021. Sus cuentas bancarias, argumenta el Ministerio Público, habrían sido utilizadas para realizar operaciones de recepción, transferencia y conversión de dineros de origen mayormente desconocido.

Los cargos, como se ve, son serios, pero, por supuesto, tienen que ser todavía demostrados en sede judicial. Y aun si el magistrado Pillaca concediera la prisión preventiva, es claro que ello estaría todavía lejos de equivaler a una sentencia de culpabilidad.

De cualquier forma, de un personaje público y tan dado a esgrimir argumentos de índole moral en el debate político, se esperaría ciertamente rápidas explicaciones sobre un desequilibrio como el señalado… Y no ha sido esa precisamente la actitud con la que Cerrón ha enfrentado la situación. Él se ha limitado a consignar un mensaje por demás enigmático sobre el asunto en las redes. “Cuando me acusaron de un desbalance de 6 millones, entonces digo ya les ganamos la racionalidad”, ha escrito en su cuenta de Twitter, y la verdad es que no se entiende muy bien lo que ha querido decir. ¿De qué racionalidad habla? ¿A quién supuestamente se la habría ganado?

Estamos, pues, ante un alegato vacío y sin argumentos, que pretende quizás ganar tiempo. Pero es justamente aquello de lo que este gobierno y sus allegados andan cada vez más cortos.