Editorial: Denuncia y represalia

A mediados de diciembre, el procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, denunció al presidente Pedro Castillo ante la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Esto, por el Caso Provías y la buena pro que obtuvo el consorcio Puente Tarata III, vinculado a la empresaria Karelim López, con quien el jefe del Estado sostuvo múltiples reuniones tanto en Palacio de Gobierno como, al parecer, en la ya famosa casa de Breña. Como consecuencia de ello, el Ministerio Público abrió esta semana una investigación contra el mandatario, aunque esta, por decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha quedado congelada hasta que concluya el período presidencial.

Ante las denuncias y la decisión de la señora Ávalos, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, ha elegido cuestionar la presencia de Soria en la procuraduría: “El señor Soria no tiene los requisitos legales para ejercer ese cargo”, ha dicho en un medio televisivo, e instó al ministro de Justicia, Aníbal Torres, a revisar su nombramiento. Un pedido que no tardó en ser tomado en cuenta por el referido funcionario, con el que, para más luces, el señor Pachas se había reunido días atrás. Según ha advertido el titular de Justicia, “frente a las denuncias que ha hecho el defensor del presidente y otras personas, va a tener que ser revisado todo el expediente del nombramiento del procurador”.

Por más que el miembro del Gabinete lo niegue y asegure que todo es una invención de la prensa, el contexto y el momento en el que se da la “revisión” de la designación de Soria resulta sumamente inquietante. El procurador viene ejerciendo el cargo desde el 1 de febrero del 2020, es decir, hace casi dos años, y recién cuando este decide denunciar al jefe del Estado es que al Gobierno se le ocurre evaluar su pertinencia para el puesto… Y ello por los cuestionamientos planteados por alguien que se expresa desde una orilla claramente interesada: el abogado de Castillo.

En ese sentido, habría que ser cándidos –por decir lo menos– para interpretar el anuncio de Torres como algo distinto a una represalia contra un funcionario que tuvo la ‘osadía’ de levantar sospechas contra el presidente. “Lo que [le] pregunto a la prensa es lo siguiente, ¿qué hacemos si el señor no reúne los requisitos?”, ha dicho el ministro de Justicia, pero lo que debería responder es por qué su preocupación por las credenciales del procurador emerge luego de cinco meses en el cargo y cuando existe un claro conflicto entre las acciones tomadas por Soria y los intereses de Palacio de Gobierno.

Y no es solo la prensa la que sospecha. El rechazo, como informó este Diario, ha sido unánime desde las bancadas parlamentarias y múltiples expertos se han expresado en contra. El exprocurador anticorrupción José Ugaz ha dicho, por ejemplo, que le resulta preocupante que el ministro de Justicia “acoja lo que a todas luces es una represalia por haber tomado una decisión autónoma que no tendría que ofender al presidente si no tiene nada que ocultar”.

En esa misma línea se expresaron una veintena de procuradores públicos que, a través de un comunicado, se pronunciaron en defensa de la autonomía e independencia de la Procuraduría General del Estado: “El procurador general y los procuradores públicos actúan defendiendo los intereses del Estado y de sus instituciones. No son abogados defensores del gobierno de turno”. Una clara muestra de que la preocupación por la conducta del Ejecutivo no es un capricho de un grupo sombrío y políticamente interesado, como últimamente insinúa Torres para responder a todo aquello que suene mínimamente a una crítica hacia su jefe, sino más bien un sentimiento legítimo de múltiples profesionales que ven su trabajo amenazado por un gobierno alérgico a la fiscalización.

El presidente, vale recordar, pues muchos parecen haberlo olvidado, no es intocable. Amedrentar a quienes lo fiscalizan es, más bien, una práctica de quienes no creen en la democracia y en la separación de poderes.