![Mineros ilegales en Pataz llevan una vida de lujos](https://elcomercio.pe/resizer/v2/LOP2TGLX4FFYHPEIH373XPHDHI.jpeg?auth=65e89f52a300b3010e39a2d67b2b183a270d47aeb6cdcf4352864ea925f5e3c6&width=85&height=85&quality=75&smart=true)
A diferencia de las economías de mercado libres donde la competencia genera más riqueza para todos, Ludwig von Mises diría que la esencia del estatismo consiste en tomar de un grupo a fin de dar a otro. Es decir, redistribución sin crecimiento.
Parece ser que en los últimos años esta ha sido la visión imperante en algunas de nuestras autoridades. Solo así puede entenderse la reciente propuesta del organismo regulador de las telecomunicaciones (Osiptel) para obligar a las empresas de telefonía móvil a dar un descuento del 40% en el precio de sus servicios a todas las personas con discapacidad, con prescindencia de su condición económica.
Esta idea, además de inconstitucional y amnésica por olvidar los efectos nocivos que ocasionaron los controles de precios en nuestra economía, es ingenua. Creer que los precios bajarán por decreto es lo mismo que ignorar cómo funcionan los mercados. Si a una empresa la obligan a otorgar un descuento, lo más probable es que suba sus precios para paliar el efecto de dicha rebaja. Bastaría con que el presidente del Osiptel se suba a una combi para constatar lo que sucede cuando se crean descuentos artificiales para grupos particulares (como sucede con el pasaje universitario, por ejemplo).
Y en aquellos casos en los que sí se aplique la deducción, no será el Osiptel ni el Estado quien la financie, sino todos los demás usuarios. Los beneficiarios, además, no solo serán los discapacitados, sino también todos los que simulen una discapacidad y quienes hagan un negocio de la reventa del servicio adquirido con rebaja. Nuevamente, bastaría con que un burócrata buscara en Internet para encontrar la gran cantidad de conexiones informales a Internet y televisión por cable, que son ofrecidas y revendidas.
Este caso, sin embargo, es apenas una pequeña muestra de lo ajena que es la autoridad al funcionamiento de los mercados, y lo desconectada que se encuentra de las necesidades del sector y los consumidores. Así, podríamos mencionar su iniciativa para regular la neutralidad de red, que haría que una oferta de paquetes de datos gratuitos quedara prohibida, salvo aprobación previa del regulador. O la más reciente propuesta para reducir la “multiplicidad” de planes tarifarios que se ofrecen, y hacer que entre dos o más alternativas similares, solo subsistan las “más ventajosas”; una condición que a la postre no será definida por la empresa ni mucho menos por los consumidores, sino por el mismo regulador. Ejemplos, en fin, de que lo que preocupa al Osiptel dista mucho de las verdaderas necesidades del sector.
En cambio, sí es preocupante la proliferación de reglas burocráticas impuestas por el regulador en los últimos años y la frecuencia con la que las cambia. En menos de cuatro años, el Osiptel ha modificado las condiciones de uso de los servicios de telecomunicaciones en siete ocasiones, una vez el reglamento de tarifas (además de la propuesta de modificación de este año), aprobó un nuevo reglamento de calidad para modificarlo dos veces más y proponer luego una tercera variación, modificó dos veces el nuevo reglamento de reclamos de usuarios solo para ampliar “excepcionalmente” su plazo para resolver los reclamos y quejas de usuarios, entre varias otras reformas.
Con esta inestabilidad regulatoria, no sorprende que en asuntos más relevantes nuestro país se encuentre rezagado. El quintil más pobre del Perú es el que tiene menor acceso a Internet en comparación con 11 países de América Latina, y el número de suscriptores a banda ancha móvil (20% de la población) sigue siendo bajo en comparación con países como Uruguay (26%), Argentina (30%), Chile (37%) o Brasil (38%).
Una situación que, lamentablemente, perdurará mientras el regulador siga más interesado por el número de copias que debe conservarse del contrato de abonado, por que cada servicio se contrate en un documento separado, o se demore meses en aprobar los formatos de contratos. Papeleo y formalismo que hace más engorrosa la contratación de servicios, en lugar de facilitar su expansión.
Salvo un verdadero cambio de administración y enfoque en el siguiente gobierno, seguiremos siendo un país tan desconectado como lo son las autoridades con las necesidades de la población.