El principio del fin

Tan difícil como iniciar una reforma en el Perú es mantenerla. Desde su creación, en el marco de la reforma universitaria, la Sunedu ha estado en el ojo de varios políticos que desembozadamente han tratado de mellar su autonomía o pervertir la naturaleza de sus funciones, pero que por una u otra razón no habían conseguido mayores éxitos… hasta ahora.

El miércoles, el Congreso aprobó en segunda votación el texto sustitutorio que aglutina cuatro proyectos de ley que modifican aspectos sustanciales de la Ley Universitaria y, en particular, del ente encargado de supervisar la calidad de las universidades en el país. Ello se logró gracias al voto favorable de 68 legisladores provenientes de bancadas tan disímiles como Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú y Podemos Perú, lo que revela que lo que en febrero pasado –cuando el mismo texto se aprobó en primera votación– calificamos como un “zarpazo” a la Sunedu no es un problema de ideologías, sino, como bien lo definió el ex defensor del Pueblo Walter Albán, uno “de mafias”. No olvidemos que, como reveló este Diario, al menos 25 parlamentarios tienen vínculos con universidades a las que se les denegó el licenciamiento por no cumplir con las condiciones básicas de calidad exigidas por el organismo.

En síntesis, los cambios aprobados por el Legislativo proponen una reorganización del consejo directivo de la Sunedu. Actualmente, este órgano cuenta con siete miembros, repartidos de la siguiente manera: un superintendente designado a propuesta del Ministerio de Educación (Minedu), un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y cinco personas con grados de maestría o doctorado, seleccionadas mediante concurso público. A partir de ahora, las universidades públicas tendrán dos representantes en el consejo y las privadas, uno. Se mantendrá al representante del Concytec, pero se sumarán a uno proveniente del Sineace, a otro del Minedu y a un último del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú. De entre todos ellos, además, saldrá el nuevo titular del Sunedu.

Como es evidente, con tres de siete asientos, las universidades estarían a un voto de conseguir la mayoría, colocar a un superintendente afín a sus intereses y tomar el control de una institución creada justamente para regularlas. En buena cuenta, la Sunedu pasaría a ser un regulador manejado por los regulados, una situación tan insólita que resultaría desopilante si no fuera porque concierne a un asunto sumamente delicado.

La norma, además, le quita al Minedu el papel protagónico que ha venido desempeñando en el sistema universitario y, en particular, en la Sunedu; una modificación que el Consejo Nacional de Educación cuestionó cuando se le requirió su opinión sobre el mismo, sosteniendo que afectaba directamente uno de los “aspectos medulares” de la educación universitaria peruana: “un ministerio que asuma cabalmente el rol rector de las políticas de educación superior y se encargue del fomento de las mismas”.

Como se ve, el panorama es sombrío, pero al ver alrededor solo empeora. Ante un Congreso con un evidente interés por desmantelar la reforma, ayudaría un Ejecutivo que contrapese sus esfuerzos. Lamentablemente, eso no es lo que hemos visto hasta ahora de parte de un gobierno que tiene a dos ministros señalados por haber plagiado sus tesis, al propio presidente en la picota y con una investigación fiscal en curso por lo mismo, y cuya agenda educativa en estos poco más de nueve meses ha consistido en soliviantar pugnas sindicales en el gremio magisterial en lugar de poner el foco en la situación de los estudiantes peruanos.

Así las cosas, la única salida parecería ser la de la iniciativa ciudadana –como ya ha empezado a ocurrir– para presentar una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional que derogue las modificaciones efectuadas por el Legislativo. De lo contrario, estaríamos en el principio del fin de una de las pocas reformas que lograron cierto éxito (y consenso) nacional en los últimos años.