Nueva gestión, mismos problemas

Cuando se discuten los problemas de la gestión de las autoridades subnacionales –corrupción, ineficiencia, nepotismo, etc.–, la mayor parte de la atención se la llevan los gobernadores regionales. Casos escandalosos como el del exgobernador de Arequipa Elmer Cáceres Llica, acusado de liderar una organización criminal, o el del exgobernador de Áncash César Álvarez, condenado a 35 años de prisión por el homicidio de un consejero regional, llenan portadas mes a mes.

Pero esta es una visión incompleta. Lo cierto es que no son los gobernadores regionales los responsables subnacionales de la mayor parte del presupuesto para inversión; son los alcaldes. Las autoridades ediles en el ámbito provincial y distrital disponen para este 2023 de un presupuesto anual para inversión 12% mayor al de los gobernadores. Más aún, mientras progresa el año, la distancia se suele ampliar significativamente en beneficio de los municipios. Hacia finales del 2022, la diferencia en el presupuesto para inversión a favor de los alcaldes fue de 132%, a pesar de haber partido de montos casi iguales a inicios de ese período.

Y la capacidad de los municipios para ejecutar este enorme presupuesto ha sido pobre. De acuerdo con un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), publicado ayer por este Diario, los alcaldes salientes dejaron de invertir S/40.000 millones entre el 2019 y el 2022. A manera de referencia, eso es aproximadamente todo el presupuesto del Estado Peruano de este año para los sectores salud y educación juntos.

Así, en todo el conjunto de responsables de la permanente brecha de servicios públicos que condena a millones de peruanos a bajos niveles de calidad de vida, son probablemente los alcaldes y sus equipos municipales los que pasan más inadvertidos. En el oprobioso listado suelen aparecer con visibilidad los gobernadores regionales, los congresistas y el Gobierno Central, cuando son en realidad los funcionarios ediles quienes normalmente cuentan con la mayor proporción de la torta presupuestal.

El problema entonces –se insiste una y otra vez– no es tanto de recursos, sino de gestión. La capacidad de los responsables de liderar las municipalidades, además, ha sido mermada por la absurda prohibición de la reelección, que impide que buenos alcaldes continúen en sus labores. Solo en Lima y el Callao, 37 de los 50 nuevos alcaldes manejarán por primera vez un municipio. Casi un tercio de las autoridades que asumieron el cargo la semana pasada en la capital nunca había ocupado antes un cargo de representación popular.

De acuerdo con el informe del IPE, este año “el presupuesto inicial de inversión de los gobiernos locales se ha incrementado en 65% en términos reales con respecto al del año anterior, a fin de permitir una mejor programación del gasto”. ¿Pero de qué sirve realmente aumentar transferencias sin, a la vez, mejorar las capacidades de ejecución? Y no se trata simplemente de gastar por gastar: allí están los monumentos al árbitro y a la maca para recordárnoslo.

El reciente plan presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Con Punche Perú, incluye algunas medidas en este camino de mejora. Por ejemplo, la institución liderada por el ministro Álex Contreras propone “el despliegue de 75 técnicos a escala nacional a fin de brindar asistencia técnica a los equipos de las nuevas autoridades regionales” y “el desarrollo de un programa de financiamiento de inversiones de rápida ejecución”. Las intenciones del MEF son buenas, pero difícilmente novedosas. Mientras la burocracia municipal se resista a atraer talento gerencial, adoptar nuevas tecnologías de inversión y, cuanto menos, priorizar la agenda de necesidades básicas de la población por encima de su agenda particular, el cambio que se puede esperar será muy limitado.