Editorial: Oferta mediocre

Si en el Perú ya es difícil encontrar candidatos a cargos públicos con propuestas potables y pertinentes para el país, la situación se hace más compleja cuando, además de evaluar planes de gobierno o planteamientos legislativos, el elector tiene que escoger entre una oferta electoral plagada de individuos con serios problemas con la justicia o llenos de cuestionamientos de diversa índole.

La situación es crítica, ya sea que se examine la lista de aspirantes a la presidencia o la de aquellos que quieren llegar al Congreso. Sobre los primeros, basta un vistazo a las cinco personas que lideran la intención de voto para encontrar antecedentes inquietantes, que incluyen procesos fiscales por supuestamente haber recibido dinero ilícito de empresas extranjeras, juicios por asesinato, denuncias por acoso sexual y frustrados intentos de alianzas electorales con personajes sentenciados por corrupción.

El panorama se agrava cuando de candidatos al Parlamento se trata. Hasta hace poco, por ejemplo, en la lista por Puno del partido Alianza para el Progreso (APP) aparecía la señora Yeny Quispe Quiquijana, recientemente sentenciada por transportar droga. El mismo partido, como informamos ayer, también postula a Luis Picón, exgobernador de Huánuco, con 14 investigaciones fiscales encima –una por lavado de activos provenientes del narcotráfico–. En las últimas semanas, además, hemos conocido de candidatos que se beneficiaron con inoculaciones clandestinas de la vacuna de Sinopharm, como Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) y el expresidente Martín Vizcarra (Somos Perú), sobre el que también pesan otras denuncias serias, como la presunta recepción de coimas mientras fue gobernador regional de Moquegua.

A principios de este año, El Comercio publicó un informe, elaborado por nuestra área especializada en periodismo de datos, que revelaba que 215 candidatos tenían antecedentes civiles o penales pesando sobre ellos. Entre estos, los casos más comunes tienen que ver con demandas por alimentos. Según el reporte, Unión por el Perú (24), APP (16), Perú Libre (16) y Acción Popular (15) son las agrupaciones con más aspirantes al Legislativo en esta situación. Algunos de los casos más graves incluyen secuestro, malversación de fondos, hurto agravado y abuso de autoridad.

Asimismo, hay candidatos que no han cumplido, ni siquiera, sus responsabilidades tributarias con el país. Como informamos a principios de mes, hay 118 candidatos que deben más de S/2,7 millones a la Sunat. Otros 79 deben dinero por multas por infracciones de tránsito y 38 aspirantes a cargo público han sido sancionados por manejar borrachos o sin brevete.

La oferta, en suma, es poco atractiva y delata poca diligencia de los partidos a la hora de conformar sus listas. Una situación que, además, no es novedosa, toda vez que los peruanos nos hemos acostumbrado a ver en el hemiciclo a personas requeridas por la justicia, arropadas por la inmunidad parlamentaria y protegidas por sus pares.

Dicho esto, aunque buscar candidatos probos y optar por partidos que no estén embarrados por los que no lo son sea una tarea complicada, ello no puede ser pretexto para que los ciudadanos renuncien a su obligación de informarse rigurosamente antes de votar. De hecho, la abundancia de candidatos con controversias solo debe agudizar la preocupación de los votantes por identificar a los individuos más idóneos para los cargos en disputa. Existen herramientas provistas por el Jurado Nacional de Elecciones, como Voto Informado, y desde este Diario contamos con espacios interactivos e informes especiales para facilitar este proceso.

Este año se celebra el bicentenario de nuestra independencia. La ocasión, además de coincidir con los comicios, lo hace con el fin de un lustro definido por las crisis políticas –cuatro presidentes y dos congresos en cinco años son muestra clara de ello–. La oportunidad, entonces, es propicia para devolverle la tranquilidad al país. Mantener fuera del Estado a los malos candidatos es un buen comienzo.