Otro blindaje más sí importa

Tras años de observar la consistente política de blindajes que las sucesivas representaciones nacionales les han prodigado a varios de sus integrantes en aprietos, uno podría pensar que ya no cabe espacio para la sorpresa. Y, sin embargo, este Parlamento acaba de demostrarnos que siempre se puede caer más bajo en estas prácticas.

Ayer el Congreso no alcanzó a reunir los votos que se necesitaban para inhabilitar por 10 años al legislador Freddy Díaz (no agrupado). Esto pese a que los cargos por los que se buscaba sancionarlo no son ni por asomo los más graves que se le imputan y pese a que se trataba de hechos que él mismo o su defensa legal han reconocido en diferentes momentos y que ya fueron sancionados anteriormente por este mismo Parlamento.

Como se sabe, el 27 de julio pasado una entonces trabajadora del exintegrante de la bancada de Alianza para el Progreso lo denunció de haberla violado sexualmente mientras se encontraba inconsciente luego de que ambos hubiesen estado bebiendo licor en uno de los ambientes del Legislativo en el Centro de Lima. Por si lo anterior no fuera suficiente, a los pocos días se difundió un video en el que se observa al legislador retirándose presuroso en la madrugada del 27 de julio de la oficina en la que se habrían cometido los hechos y cerrando el ambiente con llave a pesar de los reiterados reclamos de otro trabajador presente en el lugar que le increpaba que su compañera seguía dentro de este.

El señalamiento por violación (por el que el Ministerio Público ya formalizó investigación preparatoria contra Díaz), no obstante, no fue considerado en las conclusiones de ninguno de los procesos que le abrió el Congreso; ni en la Comisión de Ética, ni en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En ambos casos, se buscó sancionar al legislador por haber consumido alcohol y por “mantener relaciones sexuales” en un ambiente parlamentario, eludiendo el cargo más grave. Conductas, dicho sea de paso, que tanto Díaz como su abogada han reconocido que ocurrieron.

Por todo ello, la Comisión de Ética recomendó sancionarlo con una –a todas luces insuficiente– suspensión de 120 días sin goce de haber que fue aprobada en el pleno con el voto favorable de 99 legisladores en setiembre pasado. Sin embargo, ayer, cuando llegó el momento de votar el informe aprobado por la Comisión Permanente que buscaba inhabilitar a Díaz por 10 años –una sanción bastante más acorde con los graves hechos que se le imputan–, los apoyos no llegaron a los 66 que se necesitaban.

¿Cómo es posible que un castigo que no abordaba el señalamiento más escalofriante que pesa sobre Díaz y que solo implicaba actos que él mismo ha reconocido que cometió no alcanzara los apoyos suficientes de parte de la misma representación nacional que hace unos meses aprobó holgadamente su suspensión básicamente por los mismos hechos? Esa es una buena pregunta para hacerle a los 21 legisladores que vergonzosamente se abstuvieron en la votación de ayer contra uno de sus colegas. Un grupo constituido mayoritariamente por legisladores de Perú Libre y de las bancadas que se forjaron a partir de esta (el Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y Perú Democrático), pero también por legisladores como Luis Cordero Jon Tay y Héctor Valer (ambos, como se sabe, señalados por violencia de género), y nada menos que por dos exministras de la Mujer: las legisladoras Heidy Juárez y Katy Ugarte.

A estas alturas parece redundante decirlo, pero son estos episodios, justamente, los que hacen que el Congreso aparezca siempre a la cola de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos. Es cierto que no se trata de un fenómeno nuevo entre nuestros representantes y de que prácticamente desde que la denuncia salió a la luz ya se podía percibir cierta lentitud y desidia entre los parlamentarios en este asunto. Pero lo anterior no puede servir para que sigamos normalizando la complicidad ni el encubrimiento congresal que tantas veces se han registrado en los últimos años.

Otro blindaje más sí importa.