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Como mencionara Alfredo Torres en estas mismas páginas el día de ayer, será una tarea complicada, mas no imposible, que el futuro Gabinete Ministerial perdure el año y tres meses que aún le quedan al gobierno de Ollanta Humala al frente de la administración pública. Recordemos, en esa línea, que la duración promedio de los Gabinetes del gobierno nacionalista ha sido de poco más de siete meses.
Para recobrar gobernabilidad, ganar estabilidad política y facilitar la transición que significará el cambio de mando en julio del próximo año, el presidente debe considerar nombrar como cabeza de su equipo de ministros a una persona ajena a su entorno más cercano. En particular, necesita de alguien que goce del respaldo de las diversas fuerzas dentro del Congreso, que venga sin una pesada mochila de animosidades y que abastezca los nuevos aires que la actual administración necesita para llegar al término de su mandato con la crispación política en sus niveles más bajos y los motores de la economía nuevamente encendidos.
Lograr esto último no será una tarea sencilla, sobre todo en el período relativamente corto que queda y con el capital político de la pareja presidencial en sus últimos cartuchos, pero es crucial si el presidente no quiere pasar a la historia como el mandatario que entrampó las bases del crecimiento económico que tantos años costaron construir en el país.
A estas alturas, queda claro entonces que esperar que las grandes reformas pendientes –como la del mercado laboral o del funcionamiento del aparato estatal– provengan de este gobierno puede parecer poco realista. Después de todo, si la tibia modificación del régimen laboral que suponía la llamada ‘ley pulpín’ fue rechazada por el populismo de las fuerzas políticas, difícilmente se puede esperar que medidas más trascendentes sean implementadas.
Quedan, sin embargo, diversas alternativas para reactivar la economía que no requieren de un gran capital político. Por ejemplo, existen pocas medidas tan efectivas para retomar el crecimiento como dejar más dinero a disposición de las familias y así potenciar el gasto privado, y ello se puede lograr de tres maneras diferentes.
En primer lugar, como señaló antes este Diario, urge replantear la franja de precios que encarece innecesariamente el maíz, el azúcar, los lácteos y el arroz a través de aranceles que solo benefician a unos pocos. Hoy las familias peruanas pagan un sobrecosto equivalente a S/.4.000 millones al año para adquirir diversos productos que van desde pollos y carnes hasta chocolates y galletas.
En segundo lugar, y en el mismo espíritu, el Estado debe ocuparse de que la caída en el precio del petróleo, que ha bajado en casi 60% desde el año pasado, se traslade también a los bolsillos de los consumidores. Y, en tercer lugar, para dejar más dinero a las familias se debería considerar elevar el umbral desde el cual los ingresos personales están sujetos al pago de Impuesto a la Renta. A la fecha, ingresos anuales inferiores a siete UIT (S/.26.600) no están afectos a dicho tributo; el umbral bien podría subirse a nueve o diez UIT sin afectar demasiado la recaudación.
Por otro lado, el gobierno no puede continuar permitiendo que los grandes proyectos de inversión –de los cuales depende en buena medida el crecimiento del PBI– continúen paralizados por obra de grupos de agitadores sociales con agenda política, o por las no menos dañinas sobrerregulación y burocracia estatal.
En el primer caso, el gobierno debe hacer cumplir la ley y honrar los compromisos otorgados en las licencias y concesiones. Respecto de lo segundo, el equipo de destrabe y seguimiento del MEF –responsable de que los grandes proyectos de inversión cumplan de manera eficaz y expeditiva con los permisos y regulaciones necesarias– tiene que tomar prioridad y ser repotenciado. No se puede permitir, por ejemplo, que proyectos de la envergadura de Cañariaco y de Las Bambas –equivalente a dos veces Conga– se sigan retrasando.
Junto con otras medidas cruciales para reactivar el gasto público, como el empaquetamiento de grandes obras de infraestructura en asociaciones público-privadas (APP) y la inversión acelerada en colegios públicos que hoy comanda el Ministerio de Educación, consideramos clave –finalmente– la transmisión de un mensaje que inspire confianza.
Si bien el tiempo para las grandes reformas no es hoy el adecuado, lo que podría lograr el futuro primer ministro es una ‘modesta’ hazaña que de ninguna manera debe ser subestimada.