Editorial: Reflexión necesaria

Hace unos días, el escritor Javier Cercas recordaba en “El País Semanal” –tras comentar la polémica desatada por la publicación del artículo “Los profesionales de la antimafia” de Leonardo Sciascia en 1987– por qué resultaba vital que las buenas causas sean defendidas siempre a través de buenos medios. “Una buena causa bien defendida”, decía Cercas, “es una buena causa, pero una buena causa mal defendida corre el riesgo de convertirse en una mala causa. La razón es que, como ocurre en arte, en política y moral forma y fondo son casi lo mismo”. Y remataba, citando a Albert Camus: “no es el fin el que justifica los medios, sino los medios los que justifican el fin”.

Salvo para quienes no quieren que se conozca la verdad sobre el dinero que entregaron las constructoras brasileñas a varios políticos peruanos en los últimos años –que los hay, por supuesto–, el trabajo que viene realizando el equipo especial para el Caso Lava Jato del Ministerio Público es a todas luces una buena causa. Nosotros mismos, desde esta página, hemos reconocido varias veces los esfuerzos que Rafael Vela y compañía han llevado a cabo para sacar adelante investigaciones que, en muchos casos, incluyen a personas poderosas y aun cuando ello los ha llevado a ser acosados inclusive desde su propia institución.

Como es evidente, no obstante, el hecho de estar a favor de la causa de la lucha contra la corrupción no puede llevarnos a ignorar cuando, en nombre de esta, se cometen algunos exabruptos o ligerezas. Y la reflexión viene a cuento a raíz del último cruce entre el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial, y el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) José Luis Sardón.

Como es conocido, el último miércoles el primero acudió a la sede del TC para recibir la declaración del segundo en el marco de las pesquisas por el financiamiento de la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. Al terminar la cita, Pérez declaró ante los medios de prensa que la reunión había servido para que Sardón respondiera “sobre el cargo que desempeñaba como director de la asociación Reflexión Democrática […] en la campaña electoral del 2011, donde se ha canalizado dinero de empresarios” para apoyar las candidaturas al Congreso de ocho postulantes de Fuerza 2011. Y que, además, se le había interrogado sobre los US$100.000 que la Confiep aportó en dicha campaña a la organización, “de la cual él era director”.

Siguiendo la línea argumental del fiscal Pérez uno podría creer que en el 2011: (i) Sardón dirigió una organización, (ii) que recibió dinero de la Confiep y (iii) que apoyó las candidaturas congresales de varios postulantes de Fuerza 2011. Un escenario, sin duda, embarazoso para el magistrado.

La realidad, sin embargo, es menos estruendosa.

Sucede que Sardón fue parte del directorio de la ONG Reflexión Democrática, una instancia que conformaban, además de él, otras cinco personas. Que, como parte del programa Impulso para un Mejor Congreso, la organización financió las campañas de varios aspirantes al Parlamento en el 2011 a través de, entre otras formas, capacitaciones y publicidad en medios –no con entrega de dinero en efectivo–, y que los beneficiarios de este apoyo fueron ocho postulantes de Fuerza Popular… y otros 15 candidatos de partidos como Perú Posible, el Apra, el PPC y Solidaridad Nacional.

Los favorecidos, por otro lado, no eran escogidos a dedo ni por Sardón ni por el directorio en su conjunto, sino que eran seleccionados por un jurado independiente formado por los entonces rectores de las universidades San Marcos, del Pacífico, de Lima y UPC. Sugerir, como ha hecho el fiscal Pérez, que Sardón tiene que dar explicaciones sobre por qué Reflexión Democrática financió a ocho candidatos fujimoristas en la campaña del 2011 resulta tan antojadizo como resultaría exigirle lo mismo a alguno de los rectores que definieron a los beneficiados.

Sería pertinente que los fiscales del equipo especial se tomaran un tiempo para reflexionar sobre si algunas de sus acciones son, efectivamente, necesarias. Pues al final de todo, los principales afectados por alguna ligereza o exabrupto en la legítima causa de la lucha contra la corrupción serán ellos mismos.