Sombras sobre el IRTP

Tres días atrás, el hasta ese momento presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Jesús Solari Díaz, renunció a su cargo, y tres miembros del consejo directivo de la misma institución –María Teresa del Carmen Quiroz, Manuel Ignacio Chiroque y Owan Lay Gonzales– hicieron lo propio. La razón no ha sido anunciada oficialmente, pero algunos elementos de la carta de renuncia de Solari y fuentes de este Diario sugieren con claridad que estamos ante una reacción a presiones de Palacio de Gobierno para que los medios del Estado brinden mayor contenido informativo favorable a la presidenta Dina Boluarte y al Ejecutivo en general.

El ahora expresidente del IRTP, en efecto, apunta en el documento que envió a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, que cree “firmemente en la necesidad de que esta institución sea apreciada más allá de ser una ventana política” e insiste en lo esencial que resulta que sea un espacio de “debate abierto, en el que se escuchen y representen todas las voces de nuestra sociedad”. Incide, por último, en la importancia de “garantizar” su “independencia editorial”. Lo que se sigue lógicamente del hecho de que esos valores y aspiraciones sean mencionados al momento de la renuncia es que quien se está alejando de la responsabilidad enfrenta dificultades para materializarlos. Y si a eso sumamos las versiones recogidas por este Diario sobre las referidas presiones y sobre la incomodidad que habrían producido ciertas preguntas que una reportera de TV Perú le hizo a la presidenta Boluarte acerca de las muertes durante las protestas de diciembre y enero, la posibilidad de que se esté buscando utilizar políticamente los medios de comunicación que pertenecen a todos los peruanos emerge con nitidez.

Como para que no queden dudas al respecto, sin embargo, ayer el Gobierno nombró como sucesora de Solari a Ninoska Rosario Chandia Roque, quien hasta ese momento venía desempeñándose como directora de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional del despacho presidencial. Es decir, a una persona cuya actividad fundamental ha sido hasta hace poco preocuparse por asuntos que podríamos identificar con la propaganda antes que con la prensa. De hecho, ella ocupó distintos cargos relacionados con la imagen de ministerios y otras entidades del Estado aun antes de trabajar para el despacho presidencial.

Lo que su gestión ofrece, por lo tanto, no parece ser un manejo periodístico profesional y neutro de los medios de comunicación que dependen del Estado (y que, en consecuencia, son financiados con los impuestos de todos los peruanos), sino una administración de ellos acorde a los intereses particulares del gobierno de turno. Una sombra que se cierne cíclicamente sobre los medios públicos en el país y de la que, daría la impresión, nunca terminamos de librarnos. Basta con recordar las declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, durante el gobierno anterior, quejándose públicamente de que “Canal 7 [es decir, TV Perú] nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño” y de la necesidad de “hacer cambios ahí”.

Las voces de protesta por el nombramiento, por cierto, no se han hecho esperar. El Consejo de la Prensa Peruana, por ejemplo, ha advertido que con la designación de Chandia “no existe garantía de independencia editorial de las señales del IRTP respecto del Gobierno”. Sin embargo, la defensa que hizo ayer el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, de la nueva funcionaria (“tiene mucha experiencia, ha estudiado y reúne los requisitos que establece la ley”, afirmó) hace pensar que Palacio de Gobierno no retrocederá en su decisión. Esto no tiene el aspecto de haber sido un descuido, sino, más bien, una movida minuciosamente pensada. La señora Chandia merece, desde luego, el beneficio de la duda, pero la suspicacia es inevitable. Con toda seguridad, en poco tiempo estaremos en condiciones de saber si nuestros temores están descaminados o justificados.

Ante ello, la Comisión de Cultura del Congreso, tan empeñada en imponerles contenidos a los medios privados, debería centrar su atención en los que los medios estatales difundan a partir de ahora. Nosotros, por lo pronto, estaremos atentos a cualquier sesgo político o falta de pluralidad que tales medios exhiban.