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Para muchos, la temporada de fiestas por Navidad y Año Nuevo supone una merecida pausa del ajetreo del año. Es ocasión para tomar un respiro del día a día, evaluar lo hecho durante los meses anteriores y planear el futuro inmediato. De forma similar, aunque por motivos distintos, los recientes terremotos en la arena política –y los hasta ahora imprevisibles reacomodos que de ellos se derivarán– han forzado también una pausa en la agenda pendiente del Gobierno y del Congreso en estas últimas semanas. Pero al margen de la forma en que las piezas políticas se muevan en los próximos días, hay cinco asuntos prioritarios que no se pueden pasar por alto en el 2018 y que deben permanecer en la mira de las autoridades públicas más allá de quiénes sean estas.
El primero es la reconstrucción del norte del país luego del paso de El Niño costero. Como hemos mencionado antes en estas páginas, la reposición y mejora de pistas, centros médicos, colegios, viviendas y demás instalaciones arrasadas por las lluvias vino a paso lento durante el 2017 y no hay visos de que vaya a ganar mayor velocidad en el 2018. Mucho de esto, además, depende no de las autoridades locales, sino de los ministerios. Defraudar las expectativas legítimas de reconstrucción de ciudadanos en regiones como Piura, Lambayeque y La Libertad no solo es injusto, sino que puede tener un alto costo político en los próximos meses.
Vinculado a lo primero, el segundo tema urgente a tener en la mira es el proceso electoral que vivirá el país en octubre del próximo año para elegir a sus autoridades locales. La fiscalización a los partidos y sus candidatos, el voto informado y el respeto por las reglas de juego vigentes serán fundamentales para la gobernabilidad del país en los siguientes años.
El tercer punto que merece atención especial durante el 2018 es el cuidado de la caja fiscal y la responsabilidad económica que –mal que bien– ha caracterizado al país durante las últimas décadas. Al respecto, resultan preocupantes las iniciativas del Congreso que erosionan la base tributaria (el sello mype, la alerta educativa mype, entre otras) y, quizá más aun, las que proponen modificaciones constitucionales en relación al rol subsidiario del Estado en la economía, como la planteada hace poco por la congresista Marisa Glave (Nuevo Perú).
Un cuarto asunto de interés durante el 2018 es el tan pospuesto debate sobre protección social y trabajo. El informe de noviembre de la Comisión de Protección Social, nombrada por el Ejecutivo para plantear reformas en materia laboral, previsional y de salud, debe ser el punto de partida de una discusión nacional que se viene postergando ya demasiado tiempo. La informalidad laboral, la baja productividad de los trabajadores, la insolvencia de Essalud, la insostenibilidad de la ONP, la baja inclusión del sistema previsional en general, entre otros varios problemas que afectan al ciudadano común, no pueden ser relegados permanentemente debido a la coyuntura política.
Finalmente, el fortalecimiento institucional tampoco es materia por relegar –sobre todo en un contexto de turbulencia como el actual–. Aquí nos referimos en especial a la reforma política –pendiente de debate en el Legislativo– y a la reforma del sistema de justicia –en la que intervienen muchos actores y se hace por ello enormemente compleja–.
El 2018, y su particular coyuntura política, debe ser aprovechado para avanzar con pasos firmes y concretos en las tareas pendientes más apremiantes. Empieza el año, decimos, con mucho trabajo por delante.
