Semanas atrás, el gobierno se negó a entregar información a este Diario sobre el operativo puesto en marcha para subir el sueldo de la presidenta Dina Boluarte, de los S/16.000 que percibe hoy a los S/35.568 que, según un cálculo del Ministerio de Economía y Finanzas, le correspondería recibir por su cargo.
La excusa esgrimida en aquel momento fue que el tema era “confidencial”, según el artículo 17 de la Ley de Transparencia, que señala que se puede restringir el derecho de acceso a la información pública cuando esta “contenga consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de decisión”. Y que, en este caso, como el aumento del salario de la mandataria todavía se encontraba en discusión y no se había tomado una decisión al respecto, le correspondía esta clasificación. Un argumento que, como dijimos en su momento, no resultaba convincente –cabe destacar que desde este Diario se ha apelado la decisión y se espera una pronta respuesta del Tribunal de Transparencia–.
Pero parece ser que no somos los únicos que pensamos así. Esta semana, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Antaip) –que, entre otras cosas, se encarga de velar por la correcta aplicación de la Ley de Transparencia– emitió una opinión consultiva a pedido de este Diario en el que considera “inválida” dicha argumentación. Entre otras cosas, el organismo explica que el mentado artículo 17 no es una regla general, sino que debe aplicarse de manera excepcional, luego de una evaluación correspondiente “caso por caso”. O, dicho de otra manera, que la transparencia en el interior del Estado es siempre la norma, y que las excepciones que se hagan de esta deben estar correctamente justificadas.
La Antaip recuerda, además, que los salarios de los funcionarios “no abordan una situación problemática en la sociedad” y que, en el caso de altos cargos –es decir, de aquellos que tienen poder de decisión sobre los recursos del Estado, como la presidenta–, “la publicidad de sus ingresos cobra especial relevancia” por una razón evidente: porque es también una manera de combatir la corrupción.
La respuesta de la institución, en fin, deja muy mal parado al gobierno y, especialmente, al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, quien efectuó una serie de piruetas legales para defender el cerrojo y que ahora ha quedado desbaratado en cada uno de sus argumentos.
Aunque el informe de la Antaip no tiene carácter vinculante, el Ejecutivo ya no tiene argumentos para seguir negándose a brindar información en esta materia. El cerrojo que han puesto en este caso sencillamente no tiene soportes. Ojalá que la señora Boluarte deje de maquinar creativas ideas de programas propios y empiece a dar la cara.
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