Editorial El Comercio

Veintitrés días después de que el Ejecutivo observara la ley que busca restituir la detención preliminar, la Comisión de Justicia del Congreso finalmente tomó una decisión al respecto: desestimar la propuesta del gobierno e insistir con la fórmula inicialmente aprobada a mediados de diciembre. En el interín, como cabía esperar, el crimen no se detuvo y hasta podríamos decir que se radicalizó, con un número escalofriantemente alto de asesinatos en enero (181) y con atentados como el de la sede del Ministerio Público en Trujillo, que trajo a la mente el recuerdo de épocas grises para los peruanos.

Pese a que la decisión del grupo parlamentario es en líneas generales positiva, esta tiene dos matices: la primera, que no se tomó por consenso, y la segunda, que el tiempo que demoró ha dejado secuelas en la acción de la justicia.

En lo que respecta a lo primero, por increíble que parezca, hubo un intento por seguir dilatando la discusión de parte del presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita (Perú Libre), quien planteó allanarse parcialmente a las observaciones del gobierno para evitar que la detención preliminar se aplique a delitos como corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito (justo cuando la presidenta Dina Boluarte es cuestionada por el incremento de su patrimonio en los últimos cuatro años).

De hecho, de los cinco votos que se opusieron a la decisión de rechazar la propuesta del Ejecutivo, cuatro provinieron de la bancada del lápiz (el otro fue de Fuerza Popular). Este dato no es sorpresivo, dado que fue uno de sus miembros, el parlamentario Waldemar Cerrón, el responsable original de haber eliminado la detención preliminar, y tomando en cuenta que varios de sus cuadros –como el propio Cerrón– están en la diana de la fiscalía.

En lo que respecta al tiempo transcurrido, es evidente que la detención preliminar solo será restituida en marzo, cuando el Congreso vuelva a sesionar, dado que no parece haber voluntad entre las bancadas para recoger las 78 firmas necesarias para convocar a un pleno extraordinario. Hasta entonces, varios procesados gozarán de la tranquilidad de saber que, pese a que muchos de ellos han sido ubicados por las autoridades, no serán detenidos. Es imposible, por cierto, no situar en este grupo al vocero presidencial, Fredy Hinojosa, quien muy posiblemente habría sido capturado por la trama de Qali Warma si el gobierno para el que trabaja no se hubiera opuesto a restablecer la detención preliminar.

Quizás una de las lecciones que dejará todo este episodio de la detención preliminar será la de constatar que tanto el gobierno como Perú Libre se opusieron hasta el final a la figura.

Editorial de El Comercio

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