No había pasado ni cuatro meses desde que asumieron el cargo las nuevas autoridades subnacionales y ya los fiscales y la policía tocaban las puertas del Gobierno Regional de Arequipa. A inicios de abril de este año, el Ministerio Público intervino las oficinas de la entidad regional para investigar presuntos direccionamientos en las contrataciones. Se sospecha de acuerdos ilícitos entre altos funcionarios de la entidad y postores para el servicio de reparación, mantenimiento y compras de autopartes y repuestos.
El GORE de Arequipa no está solo. De acuerdo con un análisis de los informes de controlaría, publicado ayer por la Unidad de Periodismo de Datos de este Diario (ECData), en poco más de un año de gestión los gobiernos regionales acumulan 2.916 observaciones por presuntas irregularidades, alertas y casos de corrupción. Eso equivale a, aproximadamente, un informe de control cada dos horas, desde enero. Piura, Cusco, Ayacucho, Lambayeque y La Libertad encabezan la lista de presuntas faltas, que en su mayoría se refieren a potenciales casos de contratación irregular de personal o de obras, incumplimiento de funciones y problemas de transparencia. De acuerdo con la contraloría, habría responsabilidad civil, administrativa o penal en más de 100 funcionarios. Solo Junín tiene a 34 de estos.
Las cifras son de escándalo, pero quizá tampoco sorprendentes. Después de todo, la Defensoría del Pueblo ya había informado desde el año pasado que al menos la mitad de los actuales gobernadores regionales tenían procesos abiertos por presunta corrupción. Su reputación los precedía, y aun así ocupan el más alto cargo a escala regional.
Las consecuencias para el país no están solo en el dinero que se pierde de las arcas públicas, sino –la otra cara de la misma moneda– en la manera en que estas prácticas impiden que el Estado llegue con servicios de calidad a la ciudadanía. En la misma edición de ayer, por ejemplo, ECData resaltó la profunda precariedad de la infraestructura escolar en el país. De acuerdo con información del Ministerio de Educación, en 17 regiones del país menos de la mitad de los centros educativos cuentan con algo tan básico como agua potable. En Loreto y Ucayali, la cifra no llega al 20%. Estadísticas similares se repiten para conexión a Internet, una herramienta indispensable en cualquier escuela del siglo XXI. En medio de la discusión sobre el crecimiento económico y desarrollo del país en el largo plazo y la posible recesión actual, ¿qué oportunidad de superación se les ofrece a las nuevas generaciones de las familias más vulnerables del país si estas son las condiciones en las que deben formar la base de sus conocimientos? Los gobiernos regionales juegan un rol importante a través de las Direcciones Regionales de Educación en la infraestructura escolar, pero en lo que va del año los GORE han ejecutado apenas uno de cada cuatro soles de su presupuesto para inversión en educación. Y no sería sorprendente que buena parte de lo poco ejecutado esté vinculada a los casos de corrupción reseñados antes.
En sí misma, la descentralización del poder político y presupuestal dentro del Estado es un proceso encomiable que –llevado a cabo con respeto por la unidad de la nación– acerca a los ciudadanos a los espacios de toma de decisiones en su nombre. En la práctica, la descentralización ha replicado a lo largo de todo el Perú muchos de los peores vicios de la administración pública centralizada, sin ofrecer ninguna solución a cambio. Repensarla a fondo es cada vez menos una opción y más una urgencia.
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