(Foto: Miguel Yovera/El Comercio)
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Editorial El Comercio

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El sábado, en una entrevista publicada por “La República”, el expresidente y ahora candidato al Congreso por Somos Perú Martín Vizcarra se sumó a la lista de políticos que promueven el cambio de Constitución. “Hablo de una Constitución que recoja las necesidades y desafíos del bicentenario, que busque la unión y mantenga los lineamientos para un desarrollo inclusivo”, dijo, para sentenciar que “la Constitución que nos rige nació impuesta bajo un régimen autoritario. La Constitución del bicentenario debe ser absolutamente democrática, que salga del consenso”.

Para los peruanos, no es ninguna novedad que algunas autoridades (o aspirantes a serlas) planteen el cambio total de nuestra norma fundamental como solución para los problemas que afligen al país. Desde la izquierda, por ejemplo, la propuesta ha sido recurrente: la oposición al modelo económico es su principal motivación; y las diversas crisis políticas sufridas en los últimos cinco años, su más reciente pretexto. Tras la vacancia, y las protestas que el proceso suscitó, los pedidos de esta naturaleza han arreciado y muchos políticos, como el señor Vizcarra, parecen haber decidido que tienen aquí una oportunidad que no pueden desaprovechar en medio de la campaña electoral.

Sigue siendo sorprendente, sin embargo, que el exmandatario ahora exprese preocupaciones sobre nuestra actual Constitución, considerando el amplio uso que hizo de algunos de sus artículos durante su gobierno, sobre todo para contrapesar al Poder Legislativo. Como se sabe, fue amparándose en la actual Carta Magna que el expresidente sucedió a su predecesor, impulsó múltiples cuestiones de confianza, propició el cierre del Parlamento y promovió un referéndum que, entre otras cosas, prohibió la reelección de los congresistas.

Asimismo, estamos ante el mismo político cuya administración acudió en múltiples ocasiones al Tribunal Constitucional para enfrentar con éxito algunas normas aprobadas por nuestros legisladores.

Ante esto, cabría preguntarse por qué el señor Vizcarra recién se muestra contrario a una Constitución con la que antes se sintió tan cómodo. ¿Se trata de un sentimiento reciente o uno formado a lo largo de toda su carrera política? Si, en efecto, considera que la Carta fue impuesta por un régimen autoritario (una evaluación errada), esta no se trataría de una característica novedosa. ¿Por qué no se preocupó, durante su período en el poder, por procurar la modificación que hoy pretende?

Quedan pocas dudas, entonces, de que el salto en las convicciones del expresidente es postizo y sirve al momento político que vivimos y, aún más, a los comicios que se darán en abril. No deja de ser desafortunado, no obstante, que se insista con una propuesta descaminada e inoportuna como esta, y si lo hace un ex jefe del Estado, la situación es aún peor.

No se trata, claro, de sugerir que la Constitución Política de 1993 es perfecta, pues está lejos de serlo, pero no se puede pasar por alto que ha venido funcionando generalmente bien y que los problemas institucionales y políticos que aquejan al país no se van a corregir al descartar todo el documento. Es bajo esta norma fundamental que hemos vivido más de veinte años de procesos democráticos transparentes y bajo cuyo capítulo económico la producción nacional ha repuntado y la pobreza se ha reducido dramáticamente. Los sucesos recientes deberían informar las precisiones puntuales que debemos hacer –como en lo concerniente a la vacancia por incapacidad moral–, pero no justifican un cambio así de dramático. Más aún teniendo en cuenta que esta Constitución tiene varios mecanismos de enmienda que permiten reformarla, como se ha hecho en varias oportunidades desde su creación.

Dicho esto, los electores harían bien en evaluar la nueva constitución de las convicciones del señor Vizcarra y juzgar cuánto de ella es sincero y cuánto parte de su estrategia electoral.

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