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Editorial: Entre el aplauso y la venganza

La restitución de la pena de muerte no es la solución para los crímenes violentos.

Editorial

Pena de muerte

 (Foto: Archivo El Comercio / Juan Ponce)

El Comercio

¿Qué persona podría decir que no comparte la absoluta indignación de la ciudadanía tras la terrible muerte de Jimena, de 11 años, en San Juan de Lurigancho? A un nivel muy humano, la depravación y crueldad del crimen escapan cualquier intento de tolerancia o contemplación con el violador y asesino confeso. El asesinato de Jimena ha sido, además, un catalizador de la indignación social acumulada por años ante los horrendos crímenes de naturaleza similar que se ven todas las semanas en el país.

Si bien la enorme frustración de la ciudadanía y su demanda por justicia son perfectamente razonables, el aprovechamiento político que se pretende nutrir de esta movilización social es lamentable. Y más aun si este viene cargado de soluciones para la tribuna difíciles de implementar en la práctica y de eficacia incierta.

En particular, no deja de llamar la atención la constante recurrencia al pedido de restitución de la pena de muerte para este tipo de delitos. A través del congresista Modesto Figueroa, y con la firma de Daniel Salaverry, Clayton Galván, Úrsula Letona, entre otros, Fuerza Popular presentó en enero un nuevo proyecto de ley para modificar el artículo 140 de la Constitución y extender el rango de delitos que serían sancionados con la pena capital. Esta semana, la idea de implementar la pena capital a violadores de menores fue apoyada por parlamentarios de diversas bancadas. Representantes de Acción Popular y del Apra, por ejemplo, se han mostrado dispuestos a abrir el debate. Pero este es tan solo el último de varios proyectos de ley en similar sentido presentados en los últimos años.

La propuesta es inadecuada desde distintos frentes: legal, institucional y práctico. En primer lugar, desde el punto de vista legal, la modificación de la Constitución es un proceso complejo en el Congreso y además obligaría al país a apartarse de tratados y compromisos internacionales ya asumidos. Si el Perú aspira a ser un país líder en materia de democracia, derechos humanos e integración regional, desligarse del sistema internacional de justicia es un error y juega en contra de nuestros propios intereses.

Desde el punto de vista institucional, no debe hacer falta recordar la fragilidad de nuestro sistema de justicia tal cual es. Cargarle además la responsabilidad de administrar penas que son irreversibles sería un despropósito. El año pasado, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, informó que revisarían la condena de Jorge Villanueva, llamado el ‘Monstruo de Armendáriz’, para otorgarle una absolución póstuma. Villanueva fue injustamente ejecutado por homicidio y violación de un menor en 1957, un error que ya no puede ser corregido. ¿Cuántos de estos errores podría cometer nuestro sistema de justicia y cómo los justificamos?

Finalmente, desde el punto de vista práctico, no ha sido demostrado que la pena de muerte sea realmente disuasiva respecto de los crímenes más graves. El trabajo de investigación más exhaustivo sobre el asunto –llevado a cabo por el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos en el 2012– concluyó que “los estudios a la fecha sobre el efecto de la pena capital en los homicidios no son informativos respecto a si la pena de muerte reduce, incrementa o no tiene efectos sobre los homicidios”.

La agenda de combate en contra de crímenes de esta naturaleza no es fácil ni para la tribuna, y ciertamente no pasa, pues, por el debate sobre la pena capital. Si se quiere hacer la diferencia en serio, se debe comenzar por mejorar la legislación actual a través de una revisión sistemática del Código Penal para que, por lo menos, la severidad de las penas efectivas guarde relación con la gravedad del delito. Se debe también fortalecer el sistema de atención de denuncias y respuesta temprana (el homicida de la niña de 11 años tenía dos denuncias previas por delitos sexuales). Aquí la fiscalía parece estar largamente saturada. La apertura y fortalecimiento de espacios escolares seguros para que los niños o jóvenes puedan reportar abusos domésticos también es clave, en vista de que la mayoría de sucesos de este tipo toman lugar en contextos familiares.

Ninguna de estas acciones conlleva tantos aplausos efímeros como la propuesta de la pena de muerte, pero abordar el debate seriamente es lo mínimo que les debemos a las víctimas y a sus familiares.

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