Informar bajo balas

Raúl Celis López, quien se dedicaba al periodismo desde hace más de 30 años, salió de su casa en Iquitos la mañana del último miércoles rumbo a su trabajo, que consistía en conducir el noticiero matinal de radio Karibeña. Mientras el mototaxi en el que se desplazaba recorría las calles de la capital loretana, una moto le cerró el paso. Quien iba como pasajero se apeó del vehículo y disparó tres veces contra el periodista que, pese a que fue trasladado al hospital, no logró sobrevivir.

¿Quién mató a Raúl Celis y por qué? Esa es la pregunta que las autoridades deben responder ahora, pues, aunque sus compañeros han descartado que hubiera recibido amenazas, su asesinato tiene todas las características de uno por encargo: los criminales lo interceptaron mientras cumplía con su rutina, fueron directo por él (ignorando al conductor del mototaxi) y no se llevaron ninguna de sus pertenencias. Lamentablemente, es muy posible que nunca sepamos la respuesta.

En enero, el periodista Gastón Medina, director de la Cadena Sur TV, fue tiroteado afuera de su domicilio, en Ica; un caso que, cinco meses después, continúa sin resolverse. Todos saben que Medina era una voz incómoda para las autoridades iqueñas y para las mafias en la región. Pero los responsables de las pesquisas siguen sin dar con el autor de su asesinato. Como informó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), hacía ocho años que en el Perú un periodista no era asesinado; este año ya suma dos. Sin embargo, tan grave como los homicidios en sí ha sido la respuesta de nuestras autoridades, que contribuye a crear una sensación de impunidad y apatía respecto de la muerte de dos colegas.

La presidenta Dina Boluarte y los miembros de su Gabinete no han dicho una sola palabra sobre estos asesinatos o sobre las agresiones a periodistas. De hecho, Boluarte no habla con periodistas. Por el lado del Congreso, cada cierto tiempo sus integrantes vuelven a revivir viejos proyectos de leyes mordaza que buscan afectar el libre ejercicio de la prensa.

Ninguna democracia debería aceptar que un periodista sea asesinado por su trabajo. Y mucho menos resignarse a que estos actos de censura –que es lo que en el fondo son– se pierdan en la impunidad. De lo contrario, el panorama que tenemos por delante, con elecciones a la vuelta de la esquina y una inseguridad en ascenso, justifica que suenen todas las alarmas.