Editorial: La triple falla

El papel del Estado en las políticas económicas ha tenido muchas idas y vueltas a lo largo de décadas. Ciclos de prueba y error han llegado, con mucho esfuerzo y pérdidas de por medio, a una suerte de consenso general: el Estado debe garantizar la provisión de servicios públicos e intervenir en cerrar brechas que mejoren la calidad de vida de la población y la productividad de las empresas. Del resto, la actividad propiamente productiva, se encargan los privados. Con matices, esta es la lección general de la economía moderna.

No es, sin embargo, un aprendizaje que haya calado hondamente en ciertos sectores del país, particularmente en el de hidrocarburos. El 2 de agosto, el Oleoducto Norperuano de Petro-Perú suspendió operaciones como resultado de la captura de la estación 5 por nativos que demandaban del Estado medicinas para hacer frente a la pandemia, así como el cierre de brechas sociales. Desde hace meses, el ducto solo transportaba la producción del lote 95, pues el resto de lotes en Loreto habían ido paralizando operaciones desde febrero. Apenas unos días luego de la captura de la estación 5, el lote 95, de Petrotal, también se vio forzado a detener operaciones tras una asonada que terminó en el fallecimiento de tres personas. De este modo, por primera vez en medio siglo, la producción de crudo en Loreto desapareció.

Y si bien no se había registrado antes una paralización a este nivel, los cortes en el funcionamiento del oleoducto no son novedad. A los actos como los descritos arriba se le suman derrames, sabotajes y un sinfín de complicaciones que han hecho poco fiable la oferta de crudo de la selva. Esto tiene un doble impacto sobre Petro-Perú. La gigante estatal no es solo el operador del Oleoducto Norperuano, sino que el petróleo pesado transportado por ahí es el insumo principal para el funcionamiento del gran elefante blanco llamado refinería de Talara. El Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), estimado en aproximadamente US$5.000 millones y ya de por sí deficitario, está atado al suministro del oleoducto, pues la importación de crudo desde otras latitudes para refinarlo generaría márgenes muy reducidos.

La situación entera refleja muy bien, y por partida triple, la inoperancia de un arreglo en el que el sector público toma competencias de empresario –y falla–, mientras elude las responsabilidades que sí le corresponden. Por un lado, el PMRT es, como hemos señalado antes en estas páginas, una obra que nunca debió empezar y que terminará costándole, de una manera u otra, miles de millones de soles al Perú. Ideas trasnochadas sobre “sectores estratégicos” y sobre el rol activo del Estado en la economía hicieron posible este desperdicio de recursos.

Al mismo tiempo, las enormes dificultades en la operación de los lotes petroleros –y en ocasiones del propio oleoducto– apuntan precisamente a lo que el sector público sí debería estar haciendo: cerrar brechas básicas, proveer acceso a salud y educación, mantener el orden, y garantizar el cumplimiento de la ley. Nada de lo anterior se cumple cuando comunidades nativas, muchas de ellas con preocupaciones y demandas legítimas sobre su situación de abandono, se intentan imponer por la fuerza sobre operaciones petroleras legales.

En suma, solo en este entuerto, el Estado les falla a los contribuyentes que deberán recoger la cuenta de una costosísima refinería sin petróleo que refinar. Les falla a los inversionistas que apostaron por la selva peruana para desarrollar legítimamente su negocio. Y les falla a los ciudadanos de la selva que demandan –ilegalmente en muchos casos– mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Si el Estado hubiera destinado siquiera una fracción del costo del PMRT al cierre efectivo de brechas en la selva y al cumplimiento de la ley, otra sería la historia. En el agotador ciclo de prueba y error de las políticas públicas sobre el rol del Estado, algunos insisten todavía en el error.