Editorial: La nomenclatura sí importa

El registro diario de las acciones del clan terrorista Quispe Palomino en el Vraem, entre 1999 y el 2017, ha revelado en estos días el escalofriante número de víctimas mortales por las que esta tiene que responder: 446 (323 militares, 85 policías y 38 civiles). El documento, que ha sido obtenido por el director de la ONG de derechos humanos Waynakuna y especialista en terrorismo Luis Alberto Sánchez, fue elaborado para consumo interno de la referida banda criminal, y por eso mismo permite conocer la lógica bajo la cual operan y las estrategias que han seguido a lo largo de todos estos años para tratar de distinguirse de Sendero Luminoso (SL) –de cuyas filas provienen– y evitar las consecuencias legales y políticas de esa asociación.

Entre estas últimas, llama la atención la variedad de nomenclaturas que han pretendido adoptar tras las capturas de sus antiguos cabecillas Abimael Guzmán y Óscar Ramírez Durand (‘Feliciano’): Ejército Popular Revolucionario, Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), Heroico Partido Comunista y Fuerzas Armadas Revolucionarias Peruanas (FARP). Nombres en los que se distingue el afán de los Quispe Palomino por ser entendidos como una hueste con objetivos militares y no lo que son: homicidas que buscan provocar terror. Una aparente voluntad, en fin, de ser considerados ‘guerrilleros’ y no ‘terroristas’.

Felizmente el cambio en la nomenclatura no es tan sencillo y, sobre todo, no depende de cómo se quieran referir a sí mismos los subversivos de turno. Es decir, no debe ser evaluado desde el punto de vista de la autodenominación, sino desde hechos penales concretos. Es la naturaleza de los actos de un grupo en armas lo que define su identidad, y la ejecución de secuestros, torturas, sabotajes y el ataque y muerte a poblaciones civiles, militares y policiales dentro del propio territorio nacional son monda y lirondamente terrorismo.

Basta confrontar, entonces, el listado de las acciones que, en el registro recién divulgado, la banda de los Quispe Palomino reconoce haber perpetrado a lo largo de los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro en los últimos 18 años para echar por tierra sus pretensiones de ser identificados con una denominación distinta a la que les corresponde.

¿Cuál podría ser para ellos la ganancia si tal cambio de clasificación prosperase? Pues, como decíamos antes, por un lado, desentenderse de la sangrienta sombra que pesa sobre quienes formaron parte de SL, tratando así de que el pueblo al que asesinaron sin miramientos los vea ahora de una manera distinta. Y por otro, escapar del rigor punitivo que les correspondería de ser capturados.

Como explica Marcos Ibazeta, ex presidente de la Sala Nacional Antiterrorista, en la presente edición de El Comercio, si consiguiesen su propósito “no se les podría aplicar la ley de terrorismo que es más drástica”, que contempla penas de hasta 35 años y, eventualmente, cadena perpetua. Si no se les adjudicase pertenecer a SL, estaríamos hablando “de asesinatos sobre los que se tendría que buscar pruebas concretas [y] con penas de 20 a 25 años”.

Cabe señalar, además, que también en el habla cotidiana es importante no confundirlos, pues ese solo gesto supone bajar la guardia frente a un enemigo que no ha desaparecido. Hay que denunciar, en consecuencia, todos los esfuerzos, conscientes o inocentes, de llamar ahora “presos políticos” a quienes cometieron crímenes claramente descritos en el Código Penal, todos los discursos que busquen alterar la historia y proveer retrospectivamente de una coartada ideológica a los torturadores y homicidas de antaño y a sus continuadores, todas las artimañas eufemísticas que, pasado el tiempo, procuren colocarlos bajo una luz distinta y benevolente.

Ni guerrilleros, ni remanentes, ni brazo armado de los ‘narcos’, entonces. A los terroristas hay que llamarlos terroristas y juzgarlos como tales, porque en esa nomenclatura va un lastre de muerte, una clasificación judicial y una advertencia que nunca debemos olvidar.