Los 100 grandes

La divulgación por Phillip Butters, en Willax, de los detalles de un soborno al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva pone al borde del abismo a Pedro Castillo. No porque ya tenga menos votos en el Congreso, la fuente de su estabilidad. Tampoco porque exista una percepción general de que está con las horas contadas, al punto que, en este momento, dentro y fuera del Gabinete, se analizan los escenarios de su caída. Es porque el gobierno disfuncional se volverá paralítico por la envergadura de las investigaciones. El presidente solo pensará en entorpecerlas mientras tenga margen de maniobra. Será un proceso irreversible hasta llegar a un consenso de que lo mejor para todos es que Castillo sea apartado a fin de que asuma otra administración.

El Ministerio Público, de una de cuyas carpetas procede el material difundido, ha pasado a tener un rol decisivo en el desenvolvimiento de la crisis. Ante todo, por la decisión de investigar al presidente que adoptó el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, casi al término de su mandato interino. Lo comprendió en un caso de adulteración frenética de licitaciones del Estado, a contramano de la posición adoptada por su antecesora, Zoraida Ávalos, quien se negó a investigarlo –como antes, a Martín Vizcarra– cuando conoció denuncias por corrupción.

El proceso de la investigación a Castillo pasará a un escrutinio judicial sobre su constitucionalidad. Al menos mientras él continúe en el gobierno. A diferencia del debate del 2020, cuando empresarios afirmaron que habían sobornado a Martín Vizcarra, ahora solo el abogado de Castillo sostiene que investigar a un presidente es ilegal. No ofrecieron batalla los juristas arguyentes de que la prohibición constitucional de acusar al primer mandatario bloquea la fase investigativa. Esta tesis caducó porque contra Castillo concurrieron abrumadores indicios respecto de su pertenencia a una organización criminal, aun antes de que se conociera que su íntimo Silva recibió “los 100 grandes”. Al punto que si Pablo Sánchez no se decidía, quedaba expuesto a convertirse, él mismo, en un acusado, por incumplir su misión de perseguir el delito. Un riesgo que aún pende –será una decisión del Congreso– sobre su predecesora, Zoraida Ávalos.

La defensa de Pedro Castillo ha planteado un recurso de nulidad al amparo del artículo 117 de la Constitución, que impide acusarlo (aunque sin prohibir las indagatorias). Si, como es previsible, el recurso es rechazado por la fiscalía, procurará una tutela de derechos en el Poder Judicial. El fundamento es la necesidad de que un presidente gobierne sin estar distraído por diligencias legales. En declaraciones públicas, el abogado Benji Espinoza indicó que el Ministerio Público no ha explicado sus motivos para cambiar de posición en un aspecto tan principista. ¿Por qué lo que dijo Zoraida Ávalos cuando conoció denuncias anteriores que involucraban a Pedro Castillo no sirve para el caso sobre el que se pronunció Pablo Sánchez? ¿Por qué los argumentos de la fiscalía para abstenerse de investigar a Vizcarra ahora han perdido su valor? Es un buen punto, que será debatido en audiencias públicas.

Sin embargo, como los vientos cambiaron conforme aparecieron evidencias, es improbable que el Poder Judicial detenga el desarrollo investigativo. El escrito de Pablo Sánchez no justifica explícitamente el salto de pensamiento de la fiscalía, mas lo hace de modo implícito. Destaca conceptos ausentes en las decisiones anteriores de Ávalos. Por ejemplo, la vigencia de la Ley 27399, emitida en el 2001, que habilita al Ministerio Público para realizar investigaciones preliminares previas a una acusación constitucional. O la gravedad de los delitos atribuidos a Castillo, que afectan “la propia subsistencia del Estado de derecho”. Otro argumento es la obligación del Perú de cumplir la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, uno de cuyos propósitos es impedir a los gobernantes usar sus prerrogativas para delinquir con impunidad. Por último, la resolución señala el ineludible mandato de perseguir el delito que tiene la fiscalía, y la necesidad de actuar rápidamente para preservar las pruebas. Todo lo cual es posible hacerlo, añade, sin sacrificar ningún principio constitucional.

Por supuesto que hay argumentos que sirven también para el Congreso, a efectos de decidir una vacancia o antejuicio político. La exmagistrada del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma postula –esta vez con razón– que el presidente viola la Carta Magna al incumplir su responsabilidad tutelar, clarísima en el artículo 118, de dirigir la política general del Gobierno. La infracción es cometida, sostiene, al nombrar reiteradamente a ministros incompetentes. Hay más transgresiones, pero el Poder Legislativo vive su propia corrupción. Es posible que el brazo de fiscalía pueda alcanzar, al menos, a los parlamentarios que fueron señalados como parte de la mafia del MTC.

Las investigaciones se realizarán mientras hay cambios en el Ministerio Público, donde este mes emergerá un liderazgo distinto. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha elegido por concurso dos fiscales supremos, Patricia Benavides y Juan Carlos Villena, que se añadirán a los dos únicos que quedaban con ese rango, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez. Seis magistrados de este nivel conforman la Junta de Fiscales Supremos, que elige al fiscal de la Nación por un período de tres años. Cuando juren los dos nuevos, habrá quórum para nombrarlo. Ni Ávalos ni Sánchez postularían para reelegirse. Tampoco es seguro que sean ratificados por la JNJ, donde hay un proceso de evaluaciones, aunque eso se resolverá en julio. Ávalos afronta diversos cuestionamientos, entre ellos su renuencia a investigar a Castillo y a Vizcarra, tema del que también se ocupará el Congreso. En cuanto a Sánchez, pese al reconocimiento que recibe por haber reorientado al Ministerio Público en el tema de la corrupción presidencial, tiene faltas que le pueden costar la plaza, una de ellas la de haber recibido entradas para un partido de fútbol enviadas por un imputado.

De modo que la cabeza de la institución sería uno de los dos fiscales que acaban de ser elegidos por la JNJ. Juan Carlos Villena fue magistrado en Arequipa, Huancavelica e Ica, donde presidió la Junta de Fiscales Superiores. Durante la entrevista personal, reveló capacidades en la gestión de un despacho fiscal y preocupación por la celeridad de los resultados. Dijo que era prioritario reorganizar el Ministerio Público con una nueva ley orgánica. Ante una pregunta sobre las relaciones entre los periodistas y los fiscales, opinó que estos no deberían declarar a la prensa. Tuvo una sola amonestación en su carrera, por permitir que unos mariachis, llevados por trabajadores de la fiscalía de Ica, le cantaran en su despacho el día de su cumpleaños.

A su turno, Patricia Benavides, también de antigua trayectoria, con reciente experiencia en una adjuntía suprema, mostró preocupación por el deterioro de la imagen del Ministerio Público. Abordó la crisis que vive la institución desde el 2018, que incluye la conflictividad interna. Planteó una protección mayor de su autonomía. Ella tuvo el más alto puntaje de la JNJ y sería la próxima fiscal de la Nación siempre y cuando Pablo Sánchez la respalde. Sánchez tiene voto dirimente ante un posible empate de dos a dos, en el supuesto de que Ávalos apoyara a Villena y este votara por sí mismo. De confirmarse la aritmética, Benavides continuará las investigaciones contra el presidente abiertas por Sánchez. En la JNJ le preguntaron qué es lo que más necesita el Ministerio Público. Dijo que quien lo represente debería estar libre de cuestionamientos y recuperar la confianza de la población. Ese parece ser, efectivamente, el reto más difícil.