Alerta roja en España, por Ian Vásquez

Como la mayoría de los gobiernos del mundo, el español aumentó el papel del Estado para enfrentar la crisis desatada por la pandemia. A diferencia de otros países ricos, sin embargo, el Gobierno está usando el estado de alarma y los poderes de emergencia para cambiar el modelo social y económico de manera permanente. En España, la crisis no es solamente sanitaria y económica; la democracia liberal también está en peligro.

Antes de que irrumpiera el coronavirus, la nueva coalición que gobierna España –el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP)– ya tenía como proyecto la transformación de las instituciones y políticas del país hacia el colectivismo. En un país cada vez más polarizado, el PSOE abandonó la socialdemocracia y se acercó al programa político antisistema y revolucionario de UP. Para el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, no se trató “de un simple cambio de gobierno, sino de régimen”, cambio que la crisis actual ha acelerado.

Las medidas económicas para enfrentar la crisis parecen obedecer a una agenda ideológica. El aumento del gasto público, por ejemplo, ha llevado a una creciente estatización de la economía. Esa situación es peligrosa en cualquier democracia como observó Hilaire Belloc décadas atrás: “El control de la producción de riqueza es el control de la vida humana misma”. Es todavía más peligrosa esa expansión del Estado cuando es llevada a cabo por un gobierno que ya tenía como meta el control estatal. En la práctica, los generosos gastos están creando una clientela extensa que favorece al Gobierno, incentivos para que la gente no vuelva al mercado laboral y mayor dependencia estatal.

Por otro lado, la liquidez no llega a las pequeñas y medianas empresas ni a los trabajadores autónomos. El Gobierno impondrá nuevos impuestos al patrimonio y a la renta a partir de cierto umbral de riqueza y de ingresos. Pero estos afectarán tan mínimamente a la recaudación fiscal que solo se pueden interpretar como medidas ideológicas que vilipendian a los “ricos” y al sector privado. De hecho, el Gobierno restringió la participación del sector privado a la hora de responder a la crisis sanitaria.

El Gobierno ha implementado controles de precios que siempre terminan aumentando la escasez y promoviendo los mercados negros, y, en vez de flexibilizar el mercado laboral, lo ha hecho mucho más rígido. Por ejemplo, ha dificultado los despidos y ha reintroducido convenios sectoriales y territoriales respecto a la relación entre empleados y empresas, cosa que favorece a los sindicatos y perjudica a la mayoría de los trabajadores.

La libertad de expresión se ha erosionado. El Estado ahora financia canales de televisión, lo cual ha resultado en un aumento de autocensura y una reducción de críticas al Gobierno. El Gobierno ha buscado penalizar las supuestas noticias falsas y el mes pasado el jefe mayor de la Guardia Civil declaró que trabaja para “minimizar el clima contrario al Gobierno”. Quizás esa actitud no debe sorprender, dado que quien encabeza UP, Pablo Iglesias, una vez declaró que la existencia de medios de comunicación privados “ataca la libertad de expresión”.

Dado que los tribunales han tenido que cerrar por la crisis sanitaria, la capacidad de los ciudadanos para acudir a la justicia y plantear demandas son bajas. Tampoco han podido salir a las calles a manifestarse. La política no favorece un contrapeso tampoco, ya que al Parlamento lo controla la izquierda y la centroderecha está dividida. En cualquier momento el Gobierno prolongará el estado de alarma un mes más.

Es el momento indicado para imponer una agenda radical y sin oposición efectiva. Una vez iniciadas las nuevas estructuras y programas gubernamentales que no se evaluarán tempranamente en las cortes, se volverán permanentes. La democracia liberal española está en grave peligro.