A 15 meses de cerrar sus funciones, el Congreso parece estar satisfecho con el cumplimiento de su agenda mínima, que poco tiene que ver con una agenda país. En tiempo récord, y sin mayor resistencia, aprobó una batería de normas que no solo garantizan la supervivencia de sus integrantes en la escena política, sino que reescriben las reglas del juego a su favor. Entre estas, destaca la reforma constitucional que restituye la bicameralidad –con su respectiva puerta giratoria para la reelección congresal desde el 2026–. Si bien conceptualmente la bicameralidad tiene muchos beneficios, nada asegura que la calidad de los ‘pensadores’ de la Cámara Alta supere a lo que hemos visto en los últimos tiempos.
Otro objetivo es la ley, recién promulgada, que restringe las actividades de las ONG y fortalece su fiscalización. Suena lógica la transparencia que se exige, pero la narrativa del Congreso y del mismo Ejecutivo responde por un lado a motivos de moral conservadora y, por otro, a una uniformidad de pensamiento político de la derecha extrema que desea prevalecer.
Otro dispositivo legal que emana del Congreso es aquel que relaja las prohibiciones para que los familiares de congresistas contraten con el Estado. Es decir, más o menos, transparentar lo que ya en la práctica sucede. Y, finalmente, la ley que exime de responsabilidad penal a los partidos políticos. En este último punto, la fiscalía y el golpeado equipo Lava Jato se han ‘esforzado’ para que cada vez más personas estén a favor de la decisión congresal.
En fin, el menú es variado, pero con un solo propósito: blindarse.
Ahora corresponde enfocarse en el diseño del nuevo esquema legislativo con Cámara de Diputados y de Senadores. La arquitectura institucional está en marcha. El problema, claro, no es que se piense en el futuro del Parlamento, sino que ese futuro esté escrito con tinta de conveniencia y papel de impunidad.
Cumplida la tarea para el 2026, aún hay de qué preocuparse. En la Comisión de Economía ya se cocina un nuevo retiro de fondos de las AFP –el octavo– y una extensión en la libre disponibilidad de la CTS hasta fines del 2026. Populismo puro, sin anestesia. Y si no hay plata para el largo plazo, que lo pague el futuro.
Mientras tanto, el Ejecutivo observa en silencio, jaqueado por las interpelaciones a sus ministros. Lo que queda de esta legislatura ya no es agenda legislativa, sino saldo pendiente de una feria de favores que terminará por definir, sin mayor pudor, cómo llegamos al 2026.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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