Especulación

1) No ayuda a bajar los precios: quienes cobraban caro, dejarán de vender ese producto porque ya no es buen negocio para ellos o lo venderán a un precio aún más elevado en el mercado negro. 2) No ayuda a las personas más necesitadas: por el contrario, genera más escasez. Por ejemplo, si un medicamento que normalmente costaba 10, sube a 100, solo lo comprará el que lo necesite mucho y esté dispuesto a pagar los 100. En cambio, si se fija un tope en 10, lo más probable es que otros que no lo necesiten tanto se apuren en comprarlo (si no, miren lo que pasó con el papel higiénico y la hidroxicloroquina). El que más lo requería, no lo encontrará. 3) No ayuda a que haya más oferta: si el precio de un producto sube es porque escasea. El precio alto manda señales para que más personas o empresas ofrezcan ese mismo producto que se ha vuelto atractivo. Habrá más oferta, dejará de ser escaso y el precio volverá a la normalidad.

Son conceptos muy simples y los peruanos los aprendimos, o bien en las aulas o en las colas del primer gobierno de Alan García. Controlar los precios perjudica a los más necesitados.

¿En otros países también controlan precios? Sí, las malas ideas no son exclusivo patrimonio nacional. ¿El Estado no puede hacer nada? Sí puede. Puede ofrecer directamente los productos escasos, o subsidiar a las personas de menos recursos.

Pese a ello, varios congresistas insisten en la idea. Van ahora por los medicamentos e irán quizá por las mascarillas. Y entiendo por qué lo hacen. Es popular. Suena (solo suena) a que quieren proteger a los consumidores, pese a que les ocasionan más daño. Pero lo importante (para ellos) es que se escuche bonito. Muchos legisladores saben que la medida es nociva, y que podría en el extremo causar la muerte de algunas personas que sufrirán por la mayor escasez. Pero aun así lo hacen porque prefieren el aplauso barato. Para ponerlo en frío: muchos parlamentarios prefieren sacrificar vidas a cambio de votos. Public Choice 101.

Lo que no entiendo bien es por qué algunos periodistas y comunicadores hacen lo mismo. Reportajes acusadores sobre lo caro que cobra una farmacia. Interrogatorios a ministros pidiéndoles acción frente a los “precios abusivos”. Tuits culpando a Alan García por haber eliminado el delito de acaparamiento. Por cierto, ese delito –junto al de especulación– ya había sido derogado tácitamente por la Constitución de 1993. Y, para los flojos, les cuento que el Decreto Legislativo 1034 –que deroga expresamente el delito de acaparamiento– fue impulsado desde un grupo de trabajo del Indecopi en el 2008 (el cual integré), con un proyecto público que recibió comentarios y opiniones de expertos.

Una primera hipótesis –espero que sea la aplicable en la mayoría de casos– es el desconocimiento. Especulan y se equivocan.

La segunda –y la que más me preocupa– es que repitan la actitud de los legisladores. Es decir, recomendar algo a sabiendas de su efecto dañino. Para parecer (solo parecer) más empáticos. Más socialmente comprometidos. Para figurar como justicieros ante los abusivos.

Paradójicamente, ese abusivo que saca partido durante una pandemia hace mucho más por combatir la escasez y los precios altos que todos aquellos que piden que los metan a la cárcel.

Puede ser moralmente reprochable sacar provecho durante una emergencia. Y ojalá más personas o empresas estén en condiciones de congelar o bajar sus precios. Pero castigar a quienes cobran caro no ayuda en nada a los menos afortunados.