(Foto: Archivo)
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Iván Alonso

Economista

Constantemente leemos en los medios que la ejecución presupuestal de tal o cual ministerio o gobierno regional o municipal es de tanto por ciento, siempre menor, naturalmente, que la fracción del año transcurrida hasta ese momento. “La ejecución del gasto en obras públicas –decía, por ejemplo, en primera página un diario la semana pasada– alcanza el 34,6% en los primeros ocho meses del año”. Frases como esta pueden ser factualmente correctas, pero su connotación es negativa. Dan a entender que las entidades gubernamentales no están actuando con diligencia; que, a pesar de contar con los recursos, no están haciendo las inversiones previstas; y que su ineficiencia, por último, está afectando el crecimiento económico y el bienestar nacional.

Pero la contabilidad se hace completa. Un mayor avance en la ejecución presupuestal implicaría un aumento en el déficit fiscal. Entre los años 2014 y 2018, se devolvió, , un promedio de S/22.320 millones anuales al tesoro público. Si esas partidas presupuestales no se hubieran devuelto, sin embargo, el déficit fiscal habría aumentado, también en promedio, en 3,4 puntos porcentuales. Los dos últimos años, en particular, habrían sido críticos, pues el déficit fiscal habría llegado al 6,8% del producto bruto interno (PBI) en el 2017 y al 6,1% del PBI en el 2018.

La visión que domina la discusión política y periodística es una visión parcial y además, creemos, equivocada. Las partidas presupuestales devueltas equivalen al 3,8% del PBI en el 2018 (para no hablar de años anteriores). La conclusión que parece seguirse inmediatamente es que el crecimiento económico se habría acelerado si tan solo esas inversiones se hubieran ejecutado. Algunos dirán que en esos mismos 3,8 puntos porcentuales, pasando de 4% a casi 8%; otros dirán que aún más, en virtud del efecto multiplicador que se le atribuye a la .

Este economista discrepa. Si el presupuesto se hubiera ejecutado en su totalidad, la demanda del sector público por los ingenieros y operarios, por la maquinaria y los materiales que debían contratarse o adquirirse con las partidas devueltas habría encarecido los proyectos de inversión privada y consecuentemente se habría reducido la tasa de crecimiento de esta última. En otras palabras, los factores de producción empleados en construir un hospital no pueden simultáneamente emplearse en construir un edificio de oficinas. Solamente en la medida en que haya ingenieros y operarios desocupados y maquinaria subutilizada cabe esperar que una mayor ejecución presupuestal acelere el crecimiento de la economía.
Nada garantiza, por otro lado, que la inversión pública que no se llegó a ejecutar hubiera contribuido al bienestar nacional. Muchos proyectos encuentran un lugar en el presupuesto no porque sean económicamente viables, sino por presiones políticas e inclusive por intereses personales. No ganamos nada insistiendo en que se ejecuten.

Además, independientemente de la calidad de los proyectos, la necesidad de financiar un déficit fiscal más abultado habría llevado el endeudamiento público por encima del límite de 30% del PBI actualmente permitido por ley, poniendo en riesgo el grado de inversión de la deuda peruana. O, alternativamente, habríamos entrado al terreno minado del financiamiento inflacionario.