En el Perú, la palabra “golpe de Estado” es un término que se ha venido utilizando para diversos propósitos, no necesariamente válidos o legítimos. Hay algunos grupos que han decidido –irresponsablemente– llamar “golpe de Estado” a todas aquellas decisiones que no se ajustan a sus intereses.
Incluso, con el más absoluto cinismo, se han atrevido a llamar “golpe de Estado parlamentario” a las decisiones soberanas que con los votos de sus representantes realiza el Congreso. “Dictadura parlamentaria” es otro de los términos preferidos por quienes optan por el grito de “golpe” a cuanta iniciativa se oponga a sus afanes de poder.
Más allá de esto –que hasta podría resultar anecdótico–, debe quedar claro qué califica como golpe de Estado y qué no. Lo que es irrefutable, por ejemplo, es que el 7 de diciembre del 2022 el Perú fue testigo de cómo Pedro Castillo asaltaba la democracia en vivo y en directo ordenando el cierre del Congreso y la intervención del Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Castillo Terrones le daba este zarpazo a la institucionalidad acorralado por la exhibición de testimonios de su manifiesta corrupción. El mismo día en el que el Parlamento se preparaba a votar su vacancia por incapacidad moral permanente, el chotano pretendió librarse de la destitución disolviendo el Poder Legislativo.
Si no fuera porque las instituciones democráticas estuvieron a la altura de la terrible circunstancia, lo más probable es que actualmente podríamos estar viviendo una terrible dictadura.
Un año, un mes y 12 días han pasado desde el 7 de diciembre del 2022 y lo que queda claro es que los golpes no solo deben rechazarse, sino también sancionarse, por eso el expresidente Pedro Castillo y la ex primera ministra Betssy Chávez cumplen prisión preventiva por haber intentado subvertir el orden constitucional.
Además, la fiscalía ha presentado acusación y solicita 34 años de cárcel para Castillo, 25 para Betssy Chávez y 15 para Aníbal Torres, quien al momento del golpe era asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros.
En el documento de 963 páginas de la acusación fiscal por el golpe, se detalla –entre otras cosas– que fueron Castillo, Chávez y Torres quienes prepararon el mensaje golpista, y que en su calidad de presidenta del Consejo de Ministros, Chávez buscó elaborar un decreto supremo para concretar las medidas anunciadas por Castillo durante el mensaje a la nación.
Tras la destitución de Castillo Terrones, la primera vicepresidenta Dina Boluarte asumió la Presidencia de la República en impecable sucesión constitucional. Por lo tanto, llamar “golpista” a Boluarte es una manipulación mentirosa e interesada de la realidad. El único golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre del 2022 fue el de Castillo, Chávez y Torres.
La acusación fiscal y la futura sentencia de este caso deben servir para poner candado a las aventuras golpistas y a los aspirantes a dictador. Los golpes se repelen y se sancionan.
No nos dejemos envolver en la vorágine de querer llamar “golpe de Estado” a todo aquello que no se encuadra en los intereses personales o partidarios de determinados grupos.
Golpe es golpe.
Polideportivo
