Aprendices de Bolsonaro, por Fernando Cáceres

En la región latinoamericana, el Perú reporta uno de los índices más altos de homicidios (WEF). En el 2018, se cometieron 7,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, solo por debajo de Colombia (24,9), pero muy por encima de Chile (4,3) y Ecuador (5,8), Argentina (5,1) y Bolivia (6,3). Es más, en Lima y Callao, a nivel de percepción, la inseguridad es considerada como el principal problema de la ciudad (Lima Cómo Vamos, 2019).

El riesgo de esta realidad es que en la elección del 2020 –y en las elecciones generales del 2021– calen propuestas autoritarias que terminen restringiendo arbitrariamente las libertades ciudadanas bajo la bandera de aplicar mano dura contra la delincuencia. Dicho de otra manera, el riesgo es que surja el Bolsonaro peruano.

De hecho, en esta elección ya hay candidatos que han empezado a caminar en esta dirección. Por ejemplo, un candidato de UPP ha propuesto establecer la pena de muerte contra violadores, delincuentes y corruptos, y una candidata de Podemos Perú ha propuesto dotar de armas letales a los serenazgos.

Sin embargo, también hay otros candidatos, como Daniel Olivares del Partido Morado, que han cuestionado medidas simplistas del tipo “más es mejor” para luchar contra la inseguridad. No suena muy popular, pero lo cierto es que lo que él dice tiene bastante más sentido.

Ante todo, Olivares cuestiona que se quiera encargar a las Fuerzas Armadas patrullar ordinariamente las calles por su falta de preparación. Además, ha recordado que en el 2017 se aprobó inadecuadamente una ley que redujo en seis meses el tiempo de formación policial a fin de lograr el incremento de la capacidad operativa de este servicio para garantizar la seguridad ciudadana. Una medida que fue a contracorriente de la tendencia histórica de ir aumentando el tiempo de la formación de suboficiales (ha pasado de siete meses a tres años en los últimos 20 años).

Los policías, escasa o inadecuadamente formados, son más proclives a abusar del uso de la fuerza, usar negligentemente su armamento y hasta cometer actos de corrupción.

Si los candidatos al Congreso quieren ayudarnos a luchar contra la inseguridad, deberían focalizarse en problemas estructurales. Por ejemplo, hoy en día el 90% de la infraestructura de enseñanza policial está en regular o mal estado, el 80% de oficiales considera que el examen de ingreso no garantiza la selección de los mejores aspirantes, y hay pocos docentes permanentes (encuesta a oficiales PNP de Secoem y Pamaodi, 2017).

Bien harían entonces los candidatos al Congreso en proponer medidas menos simplistas para luchar contra la inseguridad ciudadana. Y si se las quieren dar de Bolsonaros, pues explicar por qué las restricciones a las libertades civiles que plantean traerán más beneficios que costos. A veces, solo a veces, estas restricciones pueden tener sentido.