El presidente de Chile, Gabriel Boric, está de gira por Europa reuniéndose con autoridades y empresarios, hablando de acuerdos comerciales e intentando reposicionar a su país en la escena internacional, algo que necesitaba desde hace buen tiempo, pues la imagen de Chile ha estado vinculada básicamente al estallido social del 2019 y a las consecuencias de ello, con todos los giros políticos que trajo consigo.
Pero Boric se subió al avión dejando la pradera ardiendo. Un caso de corrupción ha sembrado un inmenso manto de duda sobre la credibilidad de sus funcionarios y el discurso que se dedicaron a machacar desde el principio: que les podrían ganar la juventud, los ideales y la inexperiencia, pero jamás los conflictos éticos.
Sin embargo, la corrupción es transversal y no conoce de derechas o izquierdas. La plata sucia rompe las manos de quienes estén dispuestos y punto.
El Caso Convenios está destapando cada vez más irregularidades. Se trata de la asignación directa de fondos estatales por US$530.000 a la fundación Democracia Viva, en Antofagasta, integrada y dirigida por miembros del partido Revolución Democrática, una de las organizaciones políticas de izquierda que conforman el Frente Amplio, la coalición de gobierno.
El actual ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, uno de los amigos más cercanos de Boric desde sus épocas de dirigentes estudiantiles, es uno de los militantes más emblemáticos de Revolución Democrática, y su cabeza ya ha sido pedida por la oposición.
La entrega de recursos estatales a fundaciones no es una novedad en Chile. De hecho, es un esquema conocido en el que el Estado contrata a estas organizaciones –supuestamente sin fines de lucro y que reciben muchas donaciones– para que realicen distintos tipos de labores, desde ayudar a implementar políticas públicas y de gestión hasta habilitar postas médicas, mejorar fachadas de edificios históricos o brindar talleres técnicos.
Tras lo ocurrido con Democracia Viva, el Ministerio Público se ha dedicado a investigar los recursos y subvenciones canalizados hacia estas fundaciones en todo el país. En el camino, se está indagando incluso a la fundación Horizonte Ciudadano, de la expresidenta Michelle Bachelet, por recibir un presupuesto de US$465.000, además de otros grupos más que han caído bajo sospecha.
Pero el tema de discusión no es la corrupción per se, algo que no es ajeno en Chile, pese a que es uno de los países considerados menos corruptos en América Latina, sino que este caso arroja más gasolina a la decepción del electorado chileno, que no dudó en rechazar la Constitución propuesta por la izquierda, lo que significó un duro golpe para Boric. Desde la otra orilla, la ultraderecha espera exultante más tropezones.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Local US
