El costo de la indiferencia, por Rodrigo Cruz

El Congreso y el Ejecutivo, qué duda cabe, están en un abierto enfrentamiento sobre qué poder del Estado es más impopular frente a la ciudadanía. Cada bando tiene sus argumentos de ataque y de defensa. El debate por la vacancia presidencial es tan solo el episodio más reciente. De no aprobarse esta medida, con seguridad tendremos en las próximas semanas más capítulos de esta disputa –que es, sobre todo, una lucha de sobrevivencia entre los dos–.

Por obvias razones, este conflicto marca nuestra coyuntura política. Acapara toda la atención y las discusiones domésticas. Estamos en este espiral mucho antes de que Pedro Castillo llegara a la presidencia. Posiblemente desde que Pedro Pablo Kuczynski pisó Palacio de Gobierno y el fujimorismo obtuvo 73 congresistas.

Sin embargo, en este espacio no quiero echarle más leña al fuego a esta desavenencia. Quiero abordar un tema sustancial que está pasando inadvertido por la sombra que le está haciendo la colisión Palacio vs. Legislativo, pero también por la indiferencia en la que, paradójicamente, se está desarrollando: el concurso público para nombrar a los seis nuevos jueces y dos fiscales supremos.

Resulta irónico el poco interés que está teniendo este proceso en un país en el que es necesario recurrir al Código Penal para entender sus principales escándalos políticos. En una coyuntura extremadamente judicializada, el futuro nombramiento de quienes serán las máximas autoridades del Poder Judicial y el Ministerio Público debería contar, con mayor razón, con el escrutinio ciudadano de cada una de sus trayectorias. Tal vez, de una manera similar al caso de la elección de congresistas o presidente.

Podemos teorizar el sinfín de razones detrás de esta indiferencia. Tratar de entender por qué no despiertan mucho interés al ciudadano estos nombramientos. Usted mismo puede hacer una encuesta y, sin temor a equivocarme, una mínima parte le dirá uno que otro nombre de los que están postulando.

También podemos decir que la Junta Nacional de Justicia no ha hecho lo suficiente para darle mayor exposición a estos dos concursos públicos (la lista de los postulantes aptos se puede encontrar en la web de la entidad). Lo que está claro es que esto es un reflejo de lo precario que es nuestro sistema de justicia y la eterna promesa incumplida de una reforma judicial. Todo esto hace que la distancia sea aún más clara entre la justicia y lo que demandan los ciudadanos.

Quizás un primer paso para cambiar esto es tomar conciencia de que, si seguimos así, el sistema de justicia seguirá siendo un terreno fértil para el crimen organizado. Hace cuatro años, el país entero escuchó el costo de lo que ello significa con la interceptación telefónica del celular de un juez supremo. El nombre del juez era César Hinostroza.