¿Y la corrupción de Castillo qué?

Hace unos días, el exprocurador anticorrupción César Azabache lanzó la siguiente advertencia en sus redes sociales a la que me adhiero: desde hace cuatro meses, las denuncias constitucionales por corrupción contra Pedro Castillo siguen a la espera en el Congreso de la República a que sean tramitadas; lo que, de seguir así, podría significar un problema en el procesamiento por estos ilícitos contra el hoy preso exmandatario.

Desde afuera, presidentes de la región, como Gustavo Petro (Colombia) o Andrés Manuel López Obrador (México), intentan vender la desinformada narrativa de que Castillo fue injustamente perseguido por fuerzas de ultraderecha que no lo dejaron gobernar y que terminaron promoviendo un golpe de Estado en su contra.

Los que sabemos lo que de verdad pasó, fuera de algún discurso político o ideológico, vimos cómo un presidente en televisión nacional ordenó que se cerrara el Congreso y se interviniera el sistema de justicia. Esto, por supuesto, luego de que se viera acorralado por graves acusaciones de corrupción dadas no por cualquiera, sino por personas que integraron en su momento su círculo de mayor confianza. Uno de ellos, Salatiel Marrufo, por ejemplo.

Es importante no perder de vista esto. Pocas veces los países tienen la oportunidad de conocer a detalle y contado por sus propios protagonistas cómo se llevó a cabo una cleptocracia (aunque, lamentablemente para nuestro país, esto ya dejó de ser una novedad). Contra el exmandatario, no olvidemos, no pesa solo el rótulo de golpista, sino también el hecho de tener acusaciones directas de haber recibido sobornos (según Marrufo, le daba entre S/50 mil y S/100 mil mensuales al expresidente). Y, junto con él, también se beneficiaron exministros, como Juan Silva (prófugo) y Geiner Alvarado (que se pasea muy fresco por el Legislativo junto a su nueva abogada Rosa Bartra), ex altos funcionarios, generales PNP, empresarios y familiares de Castillo, como su sobrino Fray Vásquez.

Por eso, la tarea de analizar esta crisis y estallido social que vivimos resulta incompleta si subestimamos el factor de la corrupción. Nuestro país, golpeado fatalmente por este cáncer desde hace décadas (basta ver casos como Lava Jato) no merece más mensajes de impunidad.

El Congreso, que ya ha demostrado su indolencia y desinterés en adelantar las elecciones, sumaría un agravio más dejando pasar por alto las denuncias contra el expresidente. Sin duda, hoy lo urgente es salir de este caos nacional y dar respuestas a las más de 50 familias enlutadas en el contexto de las marchas y la represión de las fuerzas del orden. Pero ¿y la corrupción de Castillo qué?