En el Perú, el acceso a una vivienda propia ha sido considerado un símbolo de estabilidad, progreso y seguridad familiar. Sin embargo, este ideal se ha transformado en una verdadera pesadilla para miles de ciudadanos, especialmente para jóvenes y familias de ingresos medios y bajos. El derecho inmobiliario, lejos de garantizar el acceso efectivo a la propiedad, evidencia profundas falencias estructurales que dificultan la materialización de este sueño.
Uno de los principales problemas es el elevado costo de los inmuebles, impulsado por el aumento del valor del suelo urbano, los materiales de construcción y la especulación inmobiliaria. A esto se suman la precariedad laboral y la informalidad económica, que impiden cumplir los requisitos exigidos por las entidades financieras para acceder a créditos hipotecarios. Como consecuencia, una gran parte de la población se ve obligada a recurrir a la informalidad, adquiriendo terrenos o viviendas sin saneamiento legal, lo que genera inseguridad jurídica y futuros conflictos. Esta situación no solo afecta el presente de las familias, sino que compromete su futuro, al impedir la transmisión segura del patrimonio y el acceso a beneficios económicos vinculados a la propiedad formal.
Frente a este panorama, resulta necesario fortalecer las políticas públicas de vivienda, promoviendo programas accesibles y sostenibles que respondan a la realidad económica del país. Solo a través de un sistema jurídico eficiente y equitativo será posible que el derecho a la vivienda deje de ser una promesa incumplida y se convierta en una realidad tangible para la mayoría de los peruanos.
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