Antamina: advierten maniobras extorsivas para radicalizar protesta de comunidad aledaña

Aunque los comuneros de Huaripampa, sector ubicado en el distrito de San Marcos, exigen 27 millones de dólares por el uso de 184 hectáreas que reclaman como suyas, la empresa minera asegura que se trata de terrenos vendidos hace 27 años y cuya titularidad a nombre de Antamina consta en registros públicos desde 1998.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Recíbelo

La controversia con la empresa inició desde fines de 2023, cuando la dirigencia de la Comunidad Campesina de Huaripampa denunció supuestos daños ambientales a una laguna. Sin embargo, para el 2024 los reclamos viraron hacia el tema territorial. Bajo la dirigencia del presidente comunal Roger Ariza y su asesor externo Duberlí Pintado, este año la comunidad presentó un “Estudio Definitivo” que fijaba una compensación de 27 millones de dólares por “afectaciones territoriales” en 184 hectáreas. El 15 de agosto, algunos integrantes de la directiva ingresaron a un terreno de Antamina en el sector Huacacocha y permanecieron ahí durante una semana hasta la llegada de la policía. Expertos atribuyen la radicalización del conflicto a la participación de Ariza y Duberlí debido a la presión y la exigencia de dinero para evitar la violencia.

En un comunicado emitido el mismo 15 de agosto, la comunidad campesina reconoció la venta de más de 2.000 hectáreas a Antamina, pero alegan la existencia de un “área remanente” que les pertenece. “Reconocemos la venta de 2.002 hectáreas formalizada en 1988; sin embargo, negamos que esta operación haya extinguido la totalidad de nuestro derecho sobre la zona. Esta venta fue posteriormente rectificada mediante escritura publica celebrada el 11 de setiembre de 2003, documento notarial que corrigió y precisó las coordenadas UTM de la venta inicial, evidenciando así la existencia de un área remanente que forma parte de nuestro territorio comunal”, indicaron.

En diálogo con El Comercio, Claudia Cooper, vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Externos de Antamina, informó que, aunque existe un diálogo vigente con la dirigencia de la comunidad campesina, la versión de usurpación es descartada rotundamente. “La postura de Antamina es categórica y clara que no hay ningún tipo de usurpación ni afectación territorial. Sin embargo, en aras de la relación que hemos mantenido estos 25 años hicimos una propuesta atractiva, pero siempre dentro de los canones que hemos venido negociando respecto de planes de inversión social”, dijo.

Este domingo se realizará una asamblea general en Huaripampa sobre el tema. “Hemos encontrado un punto en común [con la dirigencia], que es la urgencia de empezar a debatir una propuesta real. Antamina ya hizo una propuesta por escrito y esperamos llegar a un buen puerto”, añadió a este Diario.

DENUNCIAN EXTORSIÓN

Para Cooper, el problema de fondo es que la comunidad, con la asesoría de Pintado, recurre a “prácticas extorsivas” para exigir un monto de dinero para no actuar con violencia. “Cuando se instala la idea de que la violencia puede generar pagos inmediatos, se pone en juego la estabilidad de inversiones por miles de millones de dólares. Esto no es un problema puntual de Antamina: es un mensaje peligroso para cualquier operación minera en el país”, dijo.

El analista político y experto en temas mineros Iván Arenas advierte que el conflicto en Huaripampa refleja una práctica cada vez más común en zonas mineras: la participación de asesores externos que buscan ingresos por la agudización de las disputas.

“Hay asesores que fungen como mediadores, pero que están ligados a los dirigentes y agudizan el conflicto. Esto se ha visto con’Los Chavelos’ -organización denunciada por la fiscalía por azuzar conflicto en Las Bambas para beneficiarse con millonarias asesorías legales- y el corredor minero. También pasó en Chumbivilcas”, indicó a El Comercio.

En este contexto, el programa Contra Corriente de Willax reveló conversaciones de Whastapp de Duberlí Pintado donde se evidencia que el asesor externo ganaría el 15% de comisión por los 27 millones de dólares que la comunidad campesina exige a Antamina. El arquitecto también tiene una consultoría por 298 mil soles en la Municipalidad de San Marcos (Áncash). “En el año 2017 yo he ganado un reclamo de 2 hectáreas. Soy especialista en esto. Hemos ganado con Contonga [mina ubicada en Áncash] y también nos han indemnizado. Estamos pidiendo 27 millones y lo hemos justificado, no es un capricho ni un monto que sale sin sustento, tiene sustento técnico y legal”, declaró Pintado a dicho programa. Negó que recibiría una comisión por el monto exigido a Antamina.

“Estos asesores buscan puntos débiles para desarrollar un relato. Desconocen las ventas de las propiedad o reclaman la titularidad por ancestralidad o ser comunidades originarias. Bajo este reclamo desconocen cualquier tipo de trato o acuerdo firmado y no importa si ya recibieron dinero. Los asesores se inventan afectaciones para tener mayor posibilidad de negociar con las mineras”, añadió Arenas.

Para el Perú, Antamina tiene un peso de casi 2% del PBI. En febrero del 2024, se aprobó la modificación del estudio de impacto ambiental (MEIA), que garantiza la continuidad de sus operaciones hasta el 2036, con una inversión aproximada de US$2.000 millones.

Con este instrumento de gestión ambiental aprobado por las autoridades competentes, y la obtención de permisos específicos necesarios, Antamina ya inició la ejecución de diversos proyectos. Actualmente, la cartera comprende 67 proyectos en sectores como salud, educación, riego, agua y saneamiento, equivalente a S/2.000 millones. Entre los próximos proyectos destacan la entrega y puesta en funcionamiento de iniciativas de alto impacto, como el Hospital de Huarmey, el Hospital de Huari y los proyectos integrales de saneamiento en Huarmey y San Marcos, entre otros.