Tía María: proyecto minero enfrenta su cuarto paro indefinido en diez años
Tía María: proyecto minero enfrenta su cuarto paro indefinido en diez años

La población del Valle de Tambo –distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y La Punta de Bombón, en la provincia de Islay ()– cumplen hoy 53 días de paro indefinido contra el proyecto minero , de Southern Perú. Como toda protesta que se prolonga por tantas semanas, su desenlace es incierto.

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La carretera principal que une los pueblos del valle está bloqueada por tramos. Hay piquetes con piedras, troncos y llantas que impiden el tránsito de los vehículos. Los transportistas se quejan de que les cobran cupos para pasar.

Las labores escolares en el valle siguen suspendidas. En los distritos de Islay y Mollendo las clases se reanudaron el miércoles 28 de agosto con resguardo policial. El director de la UGEL, Juan Luque, advirtió que los estudiantes del valle están perdiendo el año académico. Los comercios y servicios atienden a medias y los agricultores trabajan de noche y de madrugada para protestar durante el día.

El dirigente agrario Juan Murillo aseguró que no pueden comercializar con regularidad sus productos, principalmente el arroz. Algunos aún tienen en almacenes los granos por pilar, y se sienten presionados por sus compromisos con los bancos.

-¿Se empieza a diluir?-

En los rostros de los manifestantes se percibe el agotamiento. Al inicio se realizaba una asamblea todos los días, a las 10 a.m. en la plaza San Francisco para decidir la ruta de la marcha. Ahora, se juntan pasado el mediodía y el coordinador del Valle de Tambo, Miguel Meza, quien dirige las movilizaciones, está perdiendo autoridad.

El Sindicato de Construcción Civil evalúa retirarse de la protesta y volver a trabajar. En Islay, unos 2.000 trabajadores de este gremio han abandonado al menos 16 obras que superan los S/30 millones. Proyectos que van desde un hospital hasta las veredas de un barrio. “Apoyamos la lucha social del valle, ¿pero qué hacemos con las necesidades de nuestras familias? Ya no podemos estar más tiempo sin trabajar”, indicó el secretario provincial de construcción civil, Pablo Espinoza.

Los manifestantes, para no quedar mal entre ellos, dicen públicamente que resistirán los 120 días de pie –hasta la primera semana de diciembre–, hasta que el Consejo de Minería resuelva el recurso de revisión de la licencia de construcción de Tía María. Por el momento esta resolución permanece suspendida. “No vamos a dar tregua. El paro continúa hasta que Tía María se marche del valle”, dice Miguel Meza con la voz desgastada.

Los manifestantes se sienten acorralados. Los llamados ‘espartambos’ ya no pueden tomar la Panamericana Sur que une Arequipa con Moquegua porque hay un contingente policial custodiando la vía desde el cuartel de Chucarapi. Tampoco les permiten ingresar a los terminales comerciales estratégicos de la provincia, como lo hacían al inicio.

El Terminal Internacional del Sur (Tisur), en Matarani, es resguardado por las Fuerzas Armadas desde el 4 de agosto, y desde el 28 sucede lo mismo con el Terminal de Abastecimiento de Hidrocarburos de Mollendo (Petro-Perú). A los manifestantes se les ha restringido movilizarse a la ciudad de Mollendo y a Matarani por los daños a la propiedad que generaron algunos encapuchados a quienes se les acusa de infiltrados. Hubo enfrentamientos en la zona urbana y ataques a la comisaría de Matarani y a dos buses de Tisur.

Ahora los enfrentamientos entre policías y manifestantes se concentran en los cerros y con menor número de personas.

-Secuelas-

El jefe de la IX Macrorregión Policial Arequipa, general PNP Roy Ugaz, informó que producto de los enfrentamientos más de 95 policías quedaron heridos por las piedras que arrojaron los huaraqueros. Desde la población afirman que los heridos por perdigones, varazos y gases lacrimógenos son más de 250.

El presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Franklin Tomy López, indicó que 24 manifestantes son investigados por disturbios, entorpecimiento del transporte público y otros delitos.

A causa de los enfrentamientos, la provincia de Islay está dividida. Por un lado, los del valle, y por otro, la capital de la provincia: Mollendo. En esta última un grupo de personas que se hacen llamar Sentimiento Mollendino se han dejado notar por su rechazo a las protestas con violencia. Según uno de los voceros, José Luis Durán, crearon esta agrupación para que los mollendinos se reencuentren y puedan proponer actividades para mejorar la ciudad.

“No servimos a ningún candidato, ni a ninguna empresa. Nos han malinterpretado. Nuestros hermanos del valle, cuando vinieron a Mollendo nos tildaron de traidores, y nosotros salimos a aclarar eso. En un momento estábamos ambos bandos frente a frente y hubo roces e insultos. Pero cuando nos miramos a las caras, éramos conocidos, algunos amigos. Ellos tienen su sentimiento tambeño y su lucha, y los respetamos. Nosotros solo pedimos la paz, no a la violencia”, indicó Durán.

Trabajo de Southern

El jefe de Comunicaciones Corporativas de Southern, Paul Lostaunau, indicó que el trabajo de socialización del proyecto, a cargo de Valle Unido, se redujo a causa del paro. Sin embargo, aclaró que no está suspendido. Explicó que al momento se desarrollan 19 proyectos en el valle, que van desde la mejora de producción de cuyes hasta la implementación de juegos educativos en las escuelas. “La empresa apoyó con capital semilla a los pobladores para que creen labores productivas en varios rubros. Los proyectos se están ejecutando con algunas dificultades, pero el trabajo social se mantiene en el Valle de Tambo y Mollendo”, indicó.

Agregó que la empresa insistirá con el proyecto. “Queremos participar en un espacio de diálogo. Esperamos el pronunciamiento del Consejo de Minería y confiamos en que el Ejecutivo tomará la decisión más adecuada. El compromiso se mantiene: que no vamos a iniciar las actividades hasta que tengamos la aceptación de la población”, dijo.

-Denuncia penal-

El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, fue denunciado penalmente por Southern por abuso de autoridad. Esto porque anuló la resolución de derecho de servidumbre de 49 hectáreas entregadas por la gestión anterior a Tía María. La fiscalía también lo investiga de forma preliminar por delitos contra la paz pública (disturbios y resistencia a la autoridad).

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