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Madre de Dios: funcionarios habrían pedido montos de hasta S/20 mil a mineros ilegales e informales

El Ministerio Público y PNP sostienen que miembros de Dirección Regional de Energía y Minas habrían pedido estos montos. Fiscal solicitará la prisión preventiva contra los implicados

Cómo enfrentar la minería informal e ilegal,por Roque Benavides

Siete funcionarios de la DREM eran investigados desde el 2016. (Foto referencial)

Madre de Dios es la región con mayor biodiversidad del país, pero también uno de los mayores focos de minería informal e ilegal. Por ello, la detención de siete funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), que depende del Gobierno Regional de Madre de Dios, ha activado las alarmas sobre la lentitud y presunta corrupción que hay en el proceso de regularización de la actividad minera.

De acuerdo a la fiscalía, el jefe de la DREM, José Carlos Bustamante, está involucrado en el presunto pago de coimas de parte de mineros informales e ilegales. El jueves por la mañana fueron arrestados él y dos de sus funcionarios de fiscalización: Germer Walter Concha Ordóñez y Henry Jesús Meza Huamán.

También se detuvo a Yajayda Layme Franco, secretaria de la DREM; a José Córdova Castelo y Maritza Rocío Rubín de Celis, asesores legales; a Vicente Martínez Sahuarico, encargado de la portería de la DREM; y a un minero identificado como Carlos Ascue Castillo, quien presuntamente era el testaferro de la red. En Ica se arrestó a Glen Edwin Atahuamán Valladares, ex fiscalizador.

Los nueve detenidos cumplen una detención preliminar que concluirá el domingo. Según lo previsto, Edwin Vásquez Mamani, fiscal especializado anticorrupción, solicitará la prisión preventiva contra ellos. Ayer por la tarde, Vásquez llegó a las oficinas de la DREM para constatar el Registro de Saneamiento y Registro de Formalización Minera. Por su parte, la policía visualizó los celulares de los detenidos en presencia de ellos y sus abogados.

–Cobros irregulares–

La fiscalía sostiene que los funcionarios de la DREM tienen registros de depósitos y envío de montos a través de la empresa Oro Fino Courier S.A.C., dedicada a la compra y venta de oro en las zonas de minería ilegal de Madre de Dios y de otras compañías similares que funcionan como agencias de transferencia de dinero.

Según el trabajo de inteligencia de la Policía Anticorrupción de Madre de Dios, que trabajó con la fiscalía, tanto el director José Carlos Bustamante Cruz, como los otros detenidos, habrían incurrido en el delito de cohecho pasivo propio al solicitar montos entre los S/10 mil y S/20 mil a cambio de no cancelar las hojas de compromiso de mineros o entregar concesiones mineras observadas a otros solicitantes.

Es decir, favorecían a los mineros informales e ilegales en procesos administrativos y trámites.

–Las transferencias–

De acuerdo con la investigación, la empresa Mega La Red Multiservicios Ortiz E.I.R.L. realizó transferencias sospechosas desde enero del 2014 hasta marzo del 2018.

Por ejemplo, el 22 de diciembre del 2016, Wilfredo Baca Condori depositó S/1.000 a José Córdova Castelo, asesor de la DREM. Baca Condori es propietario de la concesión Minera Zeuus S.A.C., que cuenta con título minero.

En esos mismos documentos se registra que el 8 de setiembre del 2016, Juvinal Zaa Huamaní, depositó S/10.000 a favor de José Córdova Castelo. Zaa Huamaní es propietario de la concesión minera El Pelado Uno en la localidad de Huepetue.

Luego, el 25 de julio del 2016, Lucio Torres Guzmán depositó a favor del mismo funcionario S/4.400. Torres Guzmán es propietario de la concesión Minera Alex Lucio Siete, en proceso de extinción. Y el 11 de julio del 2016, Jerónimo Phocco Mamani depositó a favor del director José Carlos Bustamante S/4.975. Mamani es minero en Huepetue.

Fuentes de El Comercio revelaron que la investigación sobre esta presunta red de corrupción inició en junio del 2016. La pista partió de un voucher de depósito proveniente de Phocco Mamani a la cuenta de José Carlos Bustamante.

Según el Ministerio de Energía y Minas, Madre de Dios no tiene ni un solo minero formalizado desde que se inició el proceso en el 2012. En un informe del 2016, la contraloría advirtió que la región trababa la formalización desde el año anterior. Esto tendría origen en la presunta negligencia del gobernador regional Luis Otsuka y los funcionarios de la DREM.

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