Aceptan tramitar dos concesiones mineras en zonas protegidas en Loreto pese a prohibición legal: la historia de un delito ambiental

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Se trata de Jaguar Dorado, concesión de mil hectáreas solicitado por Edwin Bastidas Quispe un empresario que figura en el Registro de Formalización Integral de Minería (Reinfo), con tres derechos mineros en Amazonas, Piura y Ayacucho, y vinculado a empresas mineras que tienen concesiones en Piura, frontera con el Ecuador.

El 13 de marzo y 4 de abril del año pasado, Bastidas se reunió en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con Rodolfo García Esquerre, Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal. En el registro de ingresos figura como visitante de CYJ Holding, una constructora creada en marzo de ese año.

El otro petitorio de 100 hectáreas fue tramitado por Leslie Gutiérrez La Torre, quien tiene como domicilio Tambopata, provincia de Madre de Dios esencialmente minera. Un vocero del Grupo Saim EIRL, consultora en la formalización minera, indicó que Gutiérrez postuló a esa concesión ante un concurso público convocado por Ingemmet y publicado el año pasado en un diario nacional

Anteriormente, en agosto de 2023 la empresa Raices Gaddaffy representada por Ricardo Moreno Valderrama, obtuvo el título para una concesión de mil hectáreas que se extendía sobre la cuenca del Nanay lo que motivó protestas ciudadanas y la suspensión de cuadrículas mineras en esa zona.

Hace una semana, la fiscalía especializada en Medio Ambiente (Fema) de Iquitos intervino el local de esta empresa y se detuvo ocho personas. Un informe de inteligencia policial indicaba que el dueño, Ricardo Moreno tenía escondido maquinaria para la minería ilegal.

Karina Garay, especialista del Observatorio de Minería ilegal (OMI) señala que se ha interpuesto oposición administrativa a los respectivos trámites, y ante un eventual otorgamiento de ambos petitorios, por encontrarse ubicados en áreas restringidas por el Decreto Supremo 022-2024-EM.

“El decreto establece una prohibición expresa por razones de seguridad y salud de la población de Loreto. Que una institución del Estado admita estos petitorios constituye una grave vulneración de una norma de cumplimiento obligatorio y genera un precedente preocupante”, indica Garay.

“Es poner en riesgo a la población. Ya hay estudios sobre contaminación por mercurio. No en las poblaciones que están vinculadas a minería, sino en poblaciones que se encuentran más allá, porque si pierden su fuente de agua, ¿de qué van a vivir?”.

Jose Manuyama, Coordinador del Comité de Defensa del Agua de Iquitos señaló a este diario que no se entiende “como un funcionario de tercer nivel tramite petitorios mineros sin tener en cuenta la importancia del Nanay”.

“La población ha expresado durante estos años la existencia de minería ilegal en la zona. y pese a ello, es realmente grave este nuevo intento de legalizar una concesión minera en el Nanay”.