El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) continúa con las acciones de fiscalización contra la venta ambulatoria de chips móviles, pues el robo de datos personales es una problemática compleja que requiere participación de instituciones como el Mininter, Minjus, Reniec, Migraciones, Ministerio Público, Poder Judicial y del Congreso, entre otros actores.
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Por tal motivo, las empresas operadoras del servicio móvil fueron multadas por más de 66 millones de soles, entre los años 2020 y 2023, por incumplir normas de contratación, como la antes mencionada, que está prohibida por el regulador y por la Ley n.° 31839.
Al respecto, Rafael Muente Schwarz, presidente ejecutivo del Osiptel, explicó las medidas adoptadas por el regulador para combatir los delitos asociados a la suplantación de identidad en la contratación de servicios.
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De la cifra total, reveló que, en dicho periodo (2020-2023), Movistar sumó 19.53 millones de soles, le sigue Claro, empresa que totalizó 17.41 millones de soles en multas.
En tanto, Bitel y Entel acumularon 15.61 y 13.83 millones de soles en multas, respectivamente.
“Sin embargo, hay operadoras que señalan que el regulador sanciona demasiado y, en muchos casos, persisten con la venta ambulatoria”, dijo durante su presentación ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República.
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“Se sigue desoyendo las normas del Osiptel y de la propia ley dada por el Congreso”, agregó.
En esa línea, añadió que lamentablemente el Congreso no quiso incluir en la Ley la responsabilidad penal para aquellas personas que facilitan promuevan o autorizan la venta ambulatoria, pese que se tratan de actividades delictivas.
Muente aseguró que la venta ambulatoria de chips móviles facilita el robo de la información personal y está relacionado al incremento de los delitos informáticos y la suplantación de la identidad.
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Pero, advirtió que el robo de datos personales es una problemática compleja que debe ser atendida con una mirada integral.
“El robo de identidad, como ocurre con las huellas dactilares, es la fuente de estos actos delictivos y se da de diversas formas, por ello requiere la participación de actores involucrados en esta problemática: el Ministerio de Justicia, la Autoridad de Datos Personales, el Congreso de la República, el Ministerio del Interior, Migraciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre otros”, detalló.
Entre 2023 y 2024 también se atendieron diversos requerimientos de información solicitados por el Ministerio Público. Fueron, en total, 26 pedidos.
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