Piura: destituyen a inspector de transporte que cobró coima a conductor

La Municipalidad Provincial de Piura destituyó a un inspector de transportes que hace un mes cobró una coima de S/500 a un conductor para evitar que su vehículo sea internado en el depósito municipal.

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Se trata de Carlos Alberto Tocto Huamán (44), quien fue contratado temporalmente como inspector de la Oficina de Transportes y Circulación Vial. Según el informe N° 173-2019, el pasado 30 de mayo intervino a un vehículo de carga (camión) con placa AB-0925, que circulaba por la avenida Sánchez Cerro, una vía no permitida para ese tipo de transporte.

Luego de que el inspector llevara el vehículo a una cochera privada, el conductor Alfredo Barrueta acudió a la PNP y denunció que Carlos Tocto le había solicitado el pago de S/500 para devolverle el camión y los documentos. Según Barrueta, tuvo que entregarle S/150 como “adelanto” para evitar que el vehículo sea internado en el depósito municipal.

El copiloto del camión, Alfredo Ortiz, señaló que llamó a su jefe en Lima para contarle lo sucedido y pedirle que transfiera S/500, que finalmente entregó a Tocto Huamán.

Para acreditar ello, mostró a la PNP el voucher y el estado de cuenta de la transferencia. En la denuncia adjuntó un video en el que se escucha al inspector pedir un “apoyo”.

A través de la disposición N° 01-2019, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios formalizó, el 31 de mayo, una investigación contra Carlos Tocto Huamán por el presunto delito de cohecho en agravio del Estado.

Tras evaluar esta situación, así como el descargo de Carlos Tocto, el gerente municipal, Manuel Ballesteros, consideró que el inspector cometió una falta grave. Por tanto, dispuso imponer la sanción de destitución. Esta decisión, sin embargo, puede ser apelada.

El Comercio se comunicó vía telefónica con Carlos Tocto, pero este prefirió no declarar. Se sabe que entre los años 2015 y 2017 se desempeñó como miembro del Serenazgo.

De acuerdo con el artículo 394 del Código Penal, el servidor público que solicite, directa o indirectamente, un beneficio para realizar un acto propio de su empleo será reprimido con pena privativa de libertad de entre 5 y 8 años, e inhabilitado de la función pública.

A fines de junio, la Municipalidad de Piura denunció ante la fiscalía a 65 personas por el presunto delito de falsificación de documentos para retirar sus vehículos del depósito.

En mayo pasado, la fiscalía allanó la oficina de Transportes, como parte de la investigación por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo.

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