El Poder Judicial pide al Ejecutivo que observe la ley aprobada por el Congreso que restringe la herramienta de extinción de dominio y que ha sido cuestionada por representantes del sistema de administración de justicia.
El Poder Judicial pide al Ejecutivo que observe la ley aprobada por el Congreso que restringe la herramienta de extinción de dominio y que ha sido cuestionada por representantes del sistema de administración de justicia.
El anuncio lo hicieron a través de redes sociales, tras la reunión entre la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, con el ministro de Justicia, Eduardo Arana.
En este encuentro, la magistrada expresó su preocupación “ante las recientes modificaciones, aprobadas por el Congreso, a la ley de extinción de dominio”.
Tello Gilardi recordó que se verán afectadas más de cinco mil causas que están ahora en investigación y que con el cambio los bienes obtenidos de manera ilegal solo serán decomisados tras sentencia judicial firme. (2/4)
Janet Tello recordó que se verán afectadas más de cinco mil causas que están ahora en investigación ya que con esta reciente modificación aprobada en el pleno solo se podrán decomisar bienes con una sentencia firma.
“Por tanto, anunció que pedirá al Ejecutivo observar la referida ley”, detalló el Poder Judicial.
Subsistema Nacional de Extinción de Dominio se pronuncia
En un comunicado emitido este viernes 11, la Mesa de Trabajo del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio (SNEED) lamentó “profundamente” la aprobación de este dictamen.
Según indican, esto podría afectar la capacidad del Estado de enfrentar a los que se benefician de delitos.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por las consecuencias que esta reforma podría generar en la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, la corrupción y el lavado de activos”, manifestó.
Subsistema Especializado en Extinción de Domino lamenta aprobación de ley en el Congreso.
La mesa de trabajo advierte que esta reforma debilita una herramienta jurídica esencial que ha demostrado ser eficaz para recuperar bienes ilícitos de organizaciones delictivas.
“Consideramos que esta decisión se ha tomado de espaldas a la Nación, en un momento especialmente crítico en el que la ciudadanía exige con urgencia seguridad y que el Estado actúe con firmeza y coherencia frente a la criminalidad, la corrupción y el lavado de activos que tanto daño causan al país”, advierte.
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