Comisión de Fiscalización apunta a Martín Vizcarra en preinforme final

La Comisión de Fiscalización del Congreso, que preside Edgar Alarcón (UPP), pondrá a consideración de pleno su preinforme final sobre la investigación por los contratos del cantante Richard Swing con el Ministerio de Cultura y de personas allegadas al presidente Martín Vizcarra con otras entidades del Estado desde el 2018 hasta la fecha. Ello mientras, en paralelo, la Representación Nacional tiene pendiente debatir una moción de vacancia por permanente incapacidad moral contra el mandatario y el grupo de trabajo continúa con sus citaciones.

Dicho preinforme, que revisó El Comercio, reconoce que se ha tenido dificultad para el procesamiento y análisis de información, que distintas entidades han remitido documentación incompleta, que aún hay requerimientos pendientes de respuesta y que, a partir de los audios del Caso Richard Swing difundidos, se debe citar a los implicados y confrontar versiones. Sin embargo, apunta a encontrar responsabilidades en Vizcarra y concluye que “habría existido un uso inadecuado de poder de parte de diferentes niveles de gobierno en el uso de la Ley de Contrataciones para favorecer a familiares y amigos para que accedan a puestos de trabajo del Estado, evitando someterse a la Ley Servir, que regula el acceso al empleo público”.

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En esa línea, en el documento se afirma en otra conclusión que “este abuso de poder habría sido ejercido usando la norma que regula las contrataciones y contrataciones directas del Estado desde Palacio de Gobierno; es decir, desde la primera autoridad del Poder Ejecutivo y sus servidores y funcionarios adscritos, quienes plantearon, promovieron y organizaron estos procesos de favorecimientos con funcionarios de las altas direcciones de diversos ministerios y organismos del Estado”.

Y aunque no se precisa quiénes serían todas las personas favorecidas ni se presentan mayores detalles probatorios respecto a la imputación contra el mandatario, se advierte de una “red y organización liderada por el señor Martín Vizcarra y su entorno” que habría estado “dirigiendo contrataciones para favorecer a quienes apoyaron en la campaña política del año 2016 del partido político Peruanos Por el Kambio” (hoy Contigo).

También se le atribuyen al jefe de Estado, que optó por anunciar que solo respondería por escrito ante la comisión, maniobras obstruccionistas; esto último en alusión a los audios en los que el mandatario realiza coordinaciones con las exfuncionarias Karem Roca y Mirian Morales respecto de cómo abordar el Caso Richard Swing.

Detalles

En total, son 15 personas las que se encuentran con condición de investigados. Además del cantante Richard Cisneros o Richard Swing, la exsecretaria general de la Presidencia, Mirian Morales; la expareja de esta, Jorge Mere Vidal; Óscar Vásquez, asesor en comunicaciones de Vizcarra; Patricia Balbuena, exministra de Cultura; Jorge Chigne Infantes, esposo de María Aguirre Pajuelo, subsecretaria general de la Presidencia; entre otros.

En el preinforme se cuestionan los contratos temporales por montos menores de 8 unidades impositivas tributarias (UIT), pues se asevera que esta modalidad tiene la “finalidad de evitar realizar los procedimientos de selección establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y los correspondientes reglamentos de la citada ley”. Advierte también que “se estarían considerando objetos de contratación similares y términos de referencia generales, lo que estaría permitiendo favorecer a determinadas personas naturales como se viene publicando en diferentes medios de comunicación”.

También se señala que las contrataciones por órdenes de servicios “no siempre responden a una necesidad real de la entidad” o encubren una relación laboral “creada a solicitud para una persona que, al no contar con las calificaciones requeridas, no podría ganar una remuneración que sí permite una orden de servicio”.

Cabe recordar que en el caso de Richard Swing, este cantante tuvo 9 órdenes de servicios entre el 2018 y 2020 por S/175.400.

Además de dar cuenta de forma general del costo de contrataciones de personas naturales en distintos ministerios, por montos menores a 8 UIT, el documento también reporta que, solo entre el 2018 y julio del 2020, el despacho presidencial ha gastado 5′276.734,61 en contratos bajo dicha modalidad.

Y aunque el preinforme final de la Comisión de Fiscalización tampoco precisa imputaciones penales concretas, vincula su pesquisa a los presuntos delitos de colusión simple y agravada, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, tráfico de influencias, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y peculado.

Una de sus conclusiones, además, indica que “los hechos materia de investigación implicarían la comisión de infracciones constitucionales, en algunos casos cometidas por autoridades premunidas de inmunidad y altos funcionarios con derecho al antejuicio político, para los cuales proponemos presentar en su momento y si corresponde, las acusaciones constitucionales y denuncias respectivas”.

Solicitud

Ante todo ello, el preinforme final recomienda solicitar al pleno del Congreso una ampliación más por el período de 30 días hábiles adicionales “para terminar de procesar la información nueva que ha sido enviada a la comisión y terminar de recibir las declaraciones de las personas implicadas…”.

Como se recuerda, tras el destape del Caso Richard Swing, el pleno aprobó el 4 de junio otorgarle a la Comisión de Fiscalización facultad de comisión investigadora para abordar los hechos. El grupo se instaló el 10 de junio y el 31 de julio pleno acordó ampliar el alcance de la pesquisa y otorgar 45 días más.

Es por ello que la comisión ha presentado el preinforme final, aunque ahora busca tener más tiempo para completar su investigación. Vizcarra ha asegurado estar dispuesto a responder, pero niega haber influenciado en los contratos de Richard Swing con el Ministerio de Cultura.

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