A través de un escrito, el ex director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), Manuel Burga, y Salomón Lerner Febres, expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se pronunciaron sobre la actual discusión en torno a la administración de este espacio que actualmente le pertenece al Ministerio de Cultura (Mincul), y la posibilidad de que pase a manos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).
Ambos resaltaron que el LUM, desde su creación, siempre ha mostrado “una museografía moderna, de manera imparcial y objetiva, a partir de hechos comprobados (…)” sobre las “afectaciones” a miles de víctimas ocurridos en hechos violentos entre 1980 y el 2000.
Finalmente, enfatizaron que hasta la fecha “nadie ha demostrado que el LUM tenga un sesgo en contra de las fuerzas del Estado, ni mucho menos a favor de los grupos subversivos”.
El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) fue inaugurado el 17 de diciembre de 2015 gracias a la cooperación internacional, a la recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a la experiencia de instituciones similares en el mundo, al aporte de la Municipalidad de Miraflores, al trabajo de varias comisiones de alto nivel y al de expertos y académicos peruanos.
Como sabemos, los hechos de violencia ocurridos entre 1980 y el 2000, en los que se enfrentaron fuerzas subversivas y antisubversivas, dejaron el saldo más elevado de fallecidos y desaparecidos de nuestra historia republicana. La mayoría de las víctimas de aquel episodio vivían en las regiones altoandinas y amazónicas del país.
Eso hizo urgente crear un Lugar de la Memoria, tanto en Lima como en las regiones más afectadas, donde se recordase —con una museografía moderna, de manera imparcial y objetiva, a partir de hechos comprobados y de testimonios personales emblemáticos— las afectaciones que marcaron para siempre la vida de miles de víctimas
Nadie ha demostrado, en estos años, que el LUM tenga un sesgo en contra de las fuerzas del Estado, ni mucho menos a favor de los grupos subversivos. La acusación se repite, pero no se sustenta. A lo largo de su existencia, el LUM ha contribuido a educar y a recordar de manera equilibrada, sin colocar jamás en el mismo nivel moral a quienes se alzaron contra la sociedad peruana recurriendo al terror y a quienes defendieron al Perú de esa amenaza sanguinaria. Documentar los excesos que también se cometieron desde el Estado no equivale a igualar las causas: es precisamente una de las características que distingue a una sociedad democrática de quienes persiguen su destrucción. La victoria de la democracia y del Estado de derecho es un elemento central del mensaje que el LUM transmite.
Es necesario que las generaciones que no vivieron en carne propia ese trágico episodio lo conozcan en profundidad y comprendan por qué deben rechazar toda ideología extremista que deshumanice al adversario y divida a los peruanos. Ese es el sentido pedagógico del LUM, que se cumple todos los días.
El Perú tiene, desde inicios del siglo XX, una rica experiencia en museos, que ha contribuido al conocimiento de nuestro pasado y al fortalecimiento de nuestra identidad nacional. Esa es la misión que el LUM ha asumido y desarrollado desde la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura, junto a otros 55 museos ubicados en las diversas regiones del país.
Y esa es, finalmente, la razón de fondo. El LUM es un museo. Conservar, investigar, curar y proteger el patrimonio histórico de la nación es una función del Ministerio de Cultura, no del Ministerio de Justicia. Trasladarlo no corregiría ningún sesgo: rompería el criterio técnico y museográfico que garantiza su seriedad, y convertiría en materia de coyuntura política lo que debe ser patrimonio permanente de todos los peruanos, independientemente de cuál sea la orientación de los gobernantes.
Finalmente, queremos hacer notar que el documento que solicita que el LUM pase a ser gestionado por el Ministerio de Justicia menciona el caso de Venezuela para cuestionar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto llama la atención, ya que dicho ejemplo demuestra exactamente lo contrario de lo que se pretende. Venezuela denunció la Convención Americana en 2012 y, en septiembre de 2013, quedó fuera de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Lo que siguió no fue una justicia nacional más soberana ni más confiable: fue el desmantelamiento del Estado de derecho, la persecución de opositores y periodistas, el colapso económico y el éxodo de millones de venezolanos, de los cuales más de un millón fueron acogidos en el Perú. Salir del sistema puede ser de interés solo para aquellos gobiernos que tienen algo que ocultar y pretenden dejar al ciudadano común sin protección. Sería una grave equivocación que una democracia precaria como la peruana siguiera ese camino que ha demostrado ser tan sombrío.
