El LUM y la CVR (2)

La semana pasada comenté unas declaraciones al diario “Perú 21” del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, en las que este señalaba que el Lugar de la Memoria sería “vocero de un falso relato, el de la CVR”, en el que se buscaba desprestigiar a las FF.AA., en vez de seguir un relato “verdadero”, que debería decir que Sendero Luminoso le declaró la guerra al Estado, que las FF.AA. respondieron siguiendo su obligación constitucional, que en el camino cometieron errores, pero que aprendieron de ellos, y que fue finalmente ese cambio de estrategia, basado en “la participación de las comunidades campesinas e indígenas”, que “se le pudo ganar la guerra a la subversión”. Comentaba que, a mi juicio, cualquiera que lea el informe de la CVR tendría que aceptar que sí se menciona el papel fundamental de las FF.AA. en la derrota del terrorismo, que no se evaden las críticas a las ambigüedades de la izquierda, y que sí se reconoce la importancia del cambio de estrategia del las FF.AA.

Parte del problema, como ha sido señalado por muchos, entre ellos por Salomón Lerner, es que la CVR y el LUM denuncian también que los “errores” que reconoce el ministro implicaron “una estrategia que en un primer período fue de represión indiscriminada contra la población considerada sospechosa de pertenecer al PCP-SL” (54), y que “en ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de miembros de las Fuerzas Armadas no solo involucró algunos excesos individuales […] sino también practicas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos” (55), siendo las más graves “ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. La CVR condena particularmente la práctica extendida de violencia sexual contra la mujer” (57).

Otra dimensión del problema es que este es no solo un debate sobre sucesos del siglo pasado, que aún tienen vigencia porque todavía está pendiente una agenda de verdad, justicia y reparación. También es un debate sobre los desafíos del presente. En el fondo, de lo que estamos discutiendo es del papel de las fuerzas del orden en un contexto de criminalidad, polarización y conflictividad social. Algunos sectores parecen pensar que contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas y policiales implica asegurarles márgenes amplios de impunidad frente a excesos o crímenes cometidos en el pasado o que puedan ocurrir en el presente y en el futuro. Cuando, precisamente, el aprendizaje más valioso de la lucha contra la subversión está en que la respuesta debe aislar a los violentos, basarse en un trabajo de inteligencia, evitar la violación de los derechos humanos, legitimar la respuesta estatal, establecer alianzas con la ciudadanía organizada.

Esta discusión se expresa en el momento actual, por ejemplo, en la evaluación de las protestas de finales del 2022 e inicios del 2023, donde se produjo una respuesta de las fuerzas del orden desproporcionada y violenta, de modo que se produjeron numerosos heridos y muertos que poco o nada tenían que ver con acciones de protesta no legítimas. No se debe deslegitimar a las fuerzas del orden con prácticas de represión indiscriminadas e impunidad. Y la conducción y responsabilidad fundamental en las tareas de mantenimiento de la seguridad y del orden público debe ser liderada y asumida por la autoridad política democrática, no delegada a los uniformados.