La triste tarea de contar muertos

No es posible hablar de progreso social mientras la triste tarea de contar muertos se repita cada mañana. El asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, la semana pasada, se suma a los casi 300 homicidios registrados en estos dos meses de Gobierno. ¿Qué tipo de desarrollo se puede lograr mientras no cambiemos esta situación?

El Índice de Progreso Social Regional 2026, elaborado por Centrum PUCP y publicado por el diario “Gestión”, revela que, salvo Moquegua, ninguna región del Perú ha logrado elevar su capacidad para generar progreso social hasta un nivel al menos medio alto.

Este índice mide la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades humanas fundamentales de sus ciudadanos: agua, vivienda, seguridad personal. Pero no hay progreso ni bienestar posible cuando se teme por la propia vida.

En esta edición, el índice confirma que el crimen se ha consolidado como uno de los mayores frenos al bienestar en todas las regiones. El récord de 2.218 homicidios registrados el año pasado, la mayor percepción de inseguridad entre la población y el avance de la minería ilegal explican con claridad este resultado.

Y, sin embargo, no existe una estrategia clara para enfrentar el problema. Desde la oposición, la respuesta ha sido rápida y oportunista: la censura del ministro del Interior, César Astudillo. Es cierto que las expectativas de la población frente al crimen están desbordadas, pero es igual de absurdo pensar que la seguridad se resuelve en dos meses de gestión.

Otro factor que frena el progreso social es la corrupción. Esta semana, el Instituto Peruano de Economía (IPE) reveló, a través del Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS 2026), que han aumentado los riesgos de corrupción y de mal uso de recursos públicos en las regiones. Justo cuando estamos a puertas de enfrentar el impacto del fenómeno de El Niño.

El IPE advierte que, en 22 regiones, más de la mitad de los proyectos de inversión pública gestionados por gobiernos regionales o municipalidades están paralizados o abandonados. En doce regiones, más del 40% de las contrataciones públicas se adjudica con un solo postor. Y en 24 de las 25 regiones, las denuncias por corrupción han aumentado desde el 2019. Funcionarios corruptos nunca podrán dar buenos servicios a la población.

Desde la izquierda se suele culpar al modelo económico del pobre desarrollo social, o se argumenta que el crecimiento no se ha traducido en progreso. Pero el problema no es de distribución de recursos, sino de eficiencia para utilizarlos. La planilla del Estado, por ejemplo, creció casi 40% en diez años; sin embargo, en esa misma década hemos sido testigos del deterioro del servicio público con una burocracia cada vez más grande, ineficiente y corrupta.

Mientras no mejore la eficiencia del servicio público, no será posible brindar mejor seguridad, salud o educación. La reforma del servicio civil, tan postergada y desmantelada, debería ser una prioridad tanto para este gobierno como para la oposición. Una reforma que tenga como ejes claves la lucha contra la corrupción y la meritocracia. De lo contrario, seguiremos atrapados en un cruce de acusaciones que no resuelve nada.

Un ejemplo de esta debilidad institucional lo ofrece la propia Moody’s: la agencia calificadora ve con mejores expectativas al país y reconoce su fortaleza fiscal, pero advierte que no observa una mejora estructural en la calidad de sus instituciones. Uno de sus principales puntos de atención es, precisamente, la capacidad del Estado para convertir los proyectos anunciados en inversiones efectivamente ejecutadas.

Al final, todos estos datos –el índice de progreso social, el informe del IPE, las advertencias de Moody’s– terminan diciendo lo mismo con distintas palabras: Necesitamos un Estado con la capacidad de castigar a los delincuentes, curar a los enfermos y educar a los estudiantes, de lo contrario seguiremos en la triste tarea de contar muertos.