El Congreso de la República envío el lunes 3 de julio al Ejecutivo la autógrafa de ley que afecta gravemente los procesos de colaboración eficaz, en medio de las voces cada día más fuertes para que esta norma sea observada y devuelta al Parlamento.
El Gobierno de Dina Boluarte tiene hasta el 24 de julio para pronunciarse: puede observarla, como se lo piden distintos sectores e instituciones, o promulgarla sin escuchar los reclamos sobre los graves riesgos que tendría la ley en más de 200 procesos de delación en curso.
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Si Boluarte observa la autógrafa, el Congreso debe evaluar los cambios planteados y puede aceptarlos o aprobar la redacción cuestionada por insistencia y promulgarla. El texto ingresó a la mesa de partes del despacho presidencial el 3 de julio a las 17:04 minutos.
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Este proyecto de ley modifica los artículos 473, 476-A y 481-A del nuevo Código Procesal Penal. Votaron a favor 84 congresistas, 24 en contra y cinco abstenciones.
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Entre las nuevas disposiciones incluye que, a quien se acoja a la colaboración eficaz, se le denominará “aspirante” y ya no “colaborador”.
Además, los fiscales tendrán tiempo limitado para cerrar el proceso de colaboración. En tanto, la Fiscalía contará con 8 meses de plazo y solo podrá prorrogar por 4 meses. Solo en caso de crimen organizado podrá aplazar procedimiento por 8 meses más.
