Congreso de la República aprobó norma sobre financiamiento de partidos políticos

El pleno del Congreso aprobó este viernes, por mayoría, el último texto sustitutorio de reforma electoral, el cual modifica la normativa sobre el financiamiento de los partidos políticos. Dicha votación había sido suspendida el martes y el jueves de la presente semana.

MIRA: El futuro de Martín Vizcarra en juego: el Congreso debatirá y votará moción de vacancia

El texto fue aprobado por 89 votos a favor, 35 en contra y dos abstenciones. Esta nueva propuesta establece que las agrupaciones estén obligadas a abrir sus cuentas bancarias a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aunque se rechazó la fórmula para cancelar la inscripción electoral de las agrupaciones que reincidan en faltas. El documento fue exonerado de segunda votación por 88 votos a favor 36 en contra.

Tal como se menciona, el debate de esta fórmula legal inició el pasado martes 15, pero se suspendió la votación tras el pedido de las bancadas de Acción Popular, Unión por el Perú y Podemos Perú, quienes se oponían a los cambios referidos a abrir las cuentas bancarias de los partidos y a las sanciones por multas. Finalmente, dichos grupos consiguieron que proceda su reclamo.

El jueves la misma correlación opositora se mantuvo, esta vez alegando que sus observaciones no fueron tomadas en cuenta en el texto final. Omar Chehade (Alianza para el Progreso), titular de la Comisión de Constitución, había iniciado el debate alegando que ningún legislador había alcanzado sus propuestas de manera oficial, por lo cual pidió que se pueda pasar al voto. Pese a esto último, Chehade terminó accediendo a un cuarto intermedio para hacer nuevas modificaciones donde accedió a ciertos pedidos de los legisladores.

Pese a ello, la oposición se mantuvo. A las 11:00 p.m. del jueves, el titular del Congreso, Manuel Merino, suspendió la sesión y anunció que la votación final se daría este viernes, tras definirse la moción de vacancia presentada contra el presidente Martín Vizcarra.

La fórmula propuesta, aunque con diferente redacción respecto al texto original, mantiene la modificación al capítulo de financiamiento político de la Ley de Organizaciones Políticas: “Las organizaciones políticas están obligadas a abrir las cuentas necesarias en el sistema financiero nacional. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene acceso a las cuentas para que ejerza su función supervisora en el marco de sus competencias”.

Es decir, la ONPE podrá acceder a las cuentas bancarias de los partidos políticos, como parte de la supervisión de los fondos de sus campañas. La normativa vigente solo estipula que el acceso a dichas cuentas está autorizado exclusivamente al tesorero, sin contemplar acceso para la supervisión del ente electoral. Esta propuesta tuvo bastante resistencia en los debates de la Comisión de Constitución, pero se incluyó gracias a la insistencia de los legisladores Mirtha Vásquez (Frente Amplio, Cajamarca) y Gino Costa (Partido Morado, Lima).

Chehade indicó que en este punto “no se retrocedió ni un ápice” y que el cambio en la redacción fue por una propuesta de la legisladora María Cristina Retamozo (Frepap, Lima).

Otro punto de controversia fue el acápite donde se establece la posibilidad de que los partidos puedan perder su inscripción electoral por reincidir en faltas o no pagar multas.

En primera instancia, de verificarse la reincidencia en incumplimientos que constituyen infracciones muy graves, o la imposibilidad de cobrar las multas por insolvencia económica, la ONPE notifica la pérdida del financiamiento público directo a la organización política y le otorga un plazo de seis meses para subsanarlas.

“Vencido el plazo sin que haya realizado la subsanación correspondiente, el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suspende la inscripción de la organización política hasta que las observaciones sean levantadas”, apunta el texto sustitutorio.

En la versión anterior de la propuesta, se proponía cancelar la inscripción de los partidos políticos infractores que no subsanen las observaciones de la ONPE. Asimismo, le otorga el doble de tiempo a los partidos para subsanar las omisiones. En este punto, Chehade explicó que de haber mantenido la propuesta inicial, no alcanzaría los votos necesarios para aprobar la norma. “Se mantiene la suspensión, lo cual sigue siendo una sanción bastante dura. Esto quiere decir que, si no levantas subsacaciones, no participas en elecciones. Lo otro [la cancelación de la inscripción] puede ser lo ideal pero no tenemos los votos”, manifestó.

“Si un partido viola las normas de financiamiento partidario y, a pesar de multas y apremios, no cumple con sus obligaciones, debería ser suspendido y, de ser el caso, perder su registro. Solo así se tomarán en serio estas reglas. Sin embargo, algunas bancadas no quieren esto”, refirió Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia.

Sanción por promesas de dádivas se mantiene

En el debate del pasado martes, los parlamentarios Luis Roel (Acción Popular, Lima) y Robinson Gupioc (Podemos Perú, Lima) pidieron que se mantenga en la ley la prohibición sobre la “promesa de entrega” de dádivas en campaña. En el dictamen de Constitución se retiró dicha parte y se estableció que solo quedaría prohibida la entrega de regalos.

A su vez, Mirtha Vásquez (Frente Amplio, Cajamarca) aseveró que no deberían existir excepciones sobre entrega de productos de consumo inmediato pues, según dijo, “ese tipo de política debe ser desterrada”.

Tras un cuarto intermedio, Chehade presentó un nuevo texto donde se retrocedió en el intento de retirar la prohibición de la “promesa de entrega” de dádivas. Finalmente el texto legal sobre dádivas mantiene todas sus sanciones.

Asimismo, se mantiene la valla para la entrega de artículos publicitarios y propaganda electoral, con lo cual los partidos no deben exceder del 0,3% de una UIT (S/12.90). De esta manera se descartó la propuesta inicial para establecer que el límite sea 0,5% de una UIT (S/21.50).

En tanto, se mantienen las sanciones por incumplir esta normativa: el Jurado Electoral Especial correspondiente impone una multa de 30 UIT (S/129.000) al candidato infractor, la misma que el máximo ente electoral cobra coactivamente.

En caso de que el candidato cometa nuevamente la infracción con posterioridad a que la sanción de multa adquiera la condición de firme o consentida, el Jurado Electoral Especial dispone su exclusión.

Si el bien entregado supera las 2 UIT (S/8.600), el Jurado Electoral Especial correspondiente dispone la exclusión del candidato infractor.

La fórmula deberá ser elevada al pleno del Congreso donde, según varios legisladores, plantearán más modificaciones. Gino Costa y Mirtha Vásquez adelantaron que insistirían en su propuesta para que la ONPE tenga acceso a las cuentas de los partidos para fines de supervisión del financiamiento de campañas.

Reportes de campaña

Hasta los comicios generales del 2016 los partidos entregaban cuatro informes financieros. Sin embargo, en el 2017 el Parlamento disuelto modificó la norma para que solo se entregue un solo registro en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación en el diario oficial El Peruano de la resolución que declara el fin del proceso electoral.

Esta modificación se aplicó desde las elecciones congresales extraordinarias del pasado 26 de enero. Como los resultados oficiales recién se conocieron en febrero, los candidatos recién debían empezar a entregar sus informes financieros desde marzo, pero se produjo la pandemia del COVID-19 y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) suspendió el requerimiento de dicha información.

Al momento de la suspensión, solo 15 de los 130 parlamentarios elegidos habían entregado sus rendiciones de campaña. Es decir, hasta la fecha no se conoce cómo se financió la campaña de 115 legisladores.

El texto final propone que las organizaciones políticas o sus responsables de campaña presentarán dos entregas obligatorias. “La Oficina Nacional de Procesos Electorales establece los plazos de presentación, desde la convocatoria de elecciones, con al menos una entrega durante la campaña electoral”, refirió.

En esa línea, se establece que la ONPE dispondrá de seis meses, contados desde la recepción de los informes, para pronunciarse sobre los reportes de campaña y, de ser el caso, disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador. También se agregó la figura del “control concurrente”, similar a la que cuenta la contraloría para efectuar fiscalización de manera paralela a un proceso en curso.

Topes de financiamiento

La fórmula debatida establece los topes de aportes que puede recibir un partido político. En el caso de las actividades proselitistas, la organización política deberá informar a la ONPE en un plazo no menor de siete días previos a la realización del evento para efectuar la supervisión respectiva.

En el dictamen presentado por la Comisión de Constitución se recogía la fórmula de topes que había planteado en su proyecto de ley, el legislador Gino Costa (Partido Morado, Lima). Sin embargo, en el texto final, se reducen los montos, tanto para el tope por ingresos obtenidos de actividades proselitistas, como para el tope de ingresos para candidaturas individuales (Congreso y autoridades subnacionales).

Mientras que la multa más baja por infracción leve era de S/43.000 en la iniciativa de Costa, en el texto final se reduce a la mitad. Se repite lo mismo con la multa más alta por infracción grave, pues el proyecto del legislador del Partido Morado proponía S/1′075.000.

Mientras que todo aporte privado en dinero, que supere el 25% de 1 UIT (S/1.075), se realiza a través de entidades del sistema financiero. En la propuesta inicial se planteaba que el límite sea del 10% de 1 UIT (S/430).

Franja electoral y redes sociales

El dictamen de Constitución establece que la franja electoral se lleve a cabo entre las 6:00 a.m. y las 11:00 p.m.

La mitad del tiempo total disponible debe estar debidamente valorizado y se distribuye equitativamente entre todos los partidos políticos y alianzas con candidatos inscritos en el proceso electoral.

Mientras que la otra mitad del tiempo se distribuye proporcionalmente a la representación con la que cuenta cada partido político en el Congreso de la República. Los partidos políticos que participen por primera vez en una elección disponen de un tiempo equivalente al del partido que tenga la menor adjudicación.

“En el caso de las redes sociales, se puede contratar publicidad diaria hasta en tres de ellas. El espacio contratado para hacer publicidad en redes sociales se distribuye equitativamente entre todos los partidos políticos y alianzas con candidatos inscritos”, señala la fórmula.

Asimismo, se incorpora el principio de igualdad y no discriminación, por el cual “la propaganda electoral no puede contener mensajes sexistas, racistas ni basados en estereotipos de género que perjudiquen o menoscaben la participación política de las mujeres y otros colectivos”.

De otro lado, se establece que el 50% del financiamiento público puede ser utilizado, durante campaña electoral, para la realización de encuestas. desarrollo de sistemas informáticos, o herramientas digitales y procesamiento masivo de datos. Ese mismo 50% debe ser utilizado en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de estas, bajo criterios de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres.

Esta es el décima fórmula legal de la Comisión de Constitución que llega el pleno. Seis de ellos ya se convirtieron en ley. La propuesta sobre financiamiento de partidos tiene que ser promulgada antes del 28 de setiembre para poder ser aplicada en el proceso electoral 2021.

VIDEO SUGERIDO: