Denuncias de la fiscalía contra presuntos ‘mochasueldos’ se estancan en el Congreso: ¿cuánto tiempo llevan los casos sin resolverse?

Sin embargo, cuando los casos de los ‘mochasueldos’ han sido enviados por la fiscalía al Congreso para que se les levante la inmunidad y puedan seguir investigándolos, el Parlamento le ha dado la espalda al Ministerio Público. Ni una sola de las denuncias constitucionales presentadas por estos hechos ha sido aprobada.

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Los casos de los ‘mochasueldos’ han seguido un patrón similar. Primero, ante las denuncias periodísticas que se conocieron entre marzo y julio del año pasado, se iniciaron investigaciones penales en la Fiscalía de la Nación y disciplinarias en la Comisión de Ética del Congreso. En ambos casos, los implicados defendieron su inocencia y aseguraron que colaborarán con las pesquisas.

Ante la Comisión de Ética -bajo el criterio de los votos y la camaradería parlamentaria- los procesos de los ‘mochasueldos’ terminaron casi siempre en blindajes y sanciones leves. Las excepciones fueron los casos de María Cordero, suspendida con 120 días (la sanción máxima); y el de Katy Ugarte. Para ella,. Ética aprobó en abril pasado una sanción de 60 días, pero hasta ahora esta no se somete a votación del pleno.

A nivel del Ministerio Público -bajo un criterio más ajeno a la confraternidad congresal-, las posturas han sido más severas, pero tiene que recorrer una ruta más larga y compleja. Complejidad propia, vale decir, de todo caso en el Perú que involucra a altos funcionarios con antejuicio o inmunidad, como son los congresistas.

Por su antejuicio, la fiscalía solo puede indagar a los congresistas a nivel de investigación preliminar. Para avanzar a la etapa de investigación preparatoria (la fase previa a una acusación penal en la que se pueden pedir medidas como una prisión preventiva) e incluso llegar a un futuro juicio, antes se debe presentar una denuncia constitucional ante el Congreso y este debe aprobarla. Solo así se puede derribar el escudo de la inmunidad parlamentaria.

En otras palabras, para que la fiscalía pueda procesar a congresistas actualmente en funciones se requiere del visto bueno del propio Congreso. Es allí donde los casos de los presuntos ‘mochasueldos’ vienen estacándose, uno tras otro, durante el último semestre. Las denuncias constitucionales no están avanzando, la fiscalía queda con las manos atadas y los legisladores acusados continúan ejerciendo funciones y con su personal parlmantario a plena disposición.

Durante su gestión como fiscal de la Nación, Patricia Benavides inició investigaciones por presuntos recortes (concusión) contra al menos 10 congresistas: Magaly Ruiz (APP), Rosio Torres (APP), Katy Ugarte (Bloque Magisterial), Heidy Juárez (ex APP, hoy en Podemos Perú), María Cordero (ex Fuerza Popular, hoy destituida), María Acuña (APP), Edgar Tello (ex Bloque Magisterial, hoy en Podemos Perú), Jorge Flores Ancachi (ex Acción Popular, hoy en Podemos Perú) Alejandro Soto (APP y expresidente del Congreso) y José Arriola (ex Acción Popular, hoy en Podemos Perú).

Sin embargo, al momento de dejar el cargo en diciembre pasado, solo había culminado su investigación preliminar y presentado denuncia contra una congresista, María Cordero. Luego de llegar al cargo, el actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena tuvo que evaluar cada caso y decidir entre presentar una denuncia constitucional o archivar. En la mayoría de casos, ha hecho lo primero.

En lo que va del 2024 y de la gestión como titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena presentó siete denuncias constitucionales contra congresistas acusados de recortes de sueldos. Las primeras fueron Rosio Torres, Heidy Juárez y Katy Ugarte, denunciadas en marzo. Les siguieron Magaly Ruiz en abril; Jorge Flores Ancahi en mayo; y Edgar Tello y José Arriola en agosto, con la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) todavía en receso tras el inicio de la nueva legislatura.

No obstante, hasta la fecha, ninguna de ellas ha sido aprobada. Es más, ni siquiera han superado la barrera de la SAC, que funciona como una suerte de primera instancia en este tipo de procesos. Así, la fiscalía no puede seguir investigando a los presuntos ‘mochasueldos’, cuyos casos siguen lejos, bastante lejos, de llegar a un juicio y a una sentencia.

Las denuncias que llevan más tiempo estancadas son las de Rosio Torres, Magaly Ruiz y Katy Ugarte, con alrededor de seis meses sin resolución a nivel de la SAC. La primera de estas fue declarada procedente en mayo pasado y se acumuló con otras denuncias constitucionales por estos mismos hechos que ya estaban en trámite, pero que no provenían de la fiscalía.

Fuentes de El Comercio indicaron que “se corrió traslado de la denuncia, se emitió descargos y se le mandó todo al congresista Alex Paredes para que actualice su informe de determinación de hechos”. El legislador del Bloque Magisterial es el delegado para el caso de la legisladora de APP, quien ya fue blindada a nivel disciplinario en Ética con una sanción de 30 días de multa.

El Comercio contactó al legislador para preguntarle cuándo presentará su informe, pero no hubo respuesta.

El caso de Katy Ugarte es similar. Pese a un intento de blindaje de parte de Esdras Medina, la denuncia del fiscal de la Nación se declaró procedente y se acumuló con otras que venían tramitándose por los mismos hechos de presunto recorte de sueldos. Según fuentes parlamentarias, el informe de ese caso también a cargo de Alex Paredes, quien hoy es compañero de bancada de la denunciada en el Bloque Magisterial y es voceado como próximo titular de la Comisión de Ética.

En el caso de Heidy Juárez, una denuncia por los mismos hechos presentada en el 2023 por un ciudadano viene tramitándose desde entonces en la SAC desde antes de que la fiscalía presente su propio requerimiento. Sin embargo, en su caso no se pudo acumular la denuncia del fiscal de la Nación, porque en la que se venía tramitando ya había terminado su fase de investigación

La denuncia previa contra Heidy Juárez está a la espera desde hace meses de un informe final, que fue encargado a Arturo Alegría (Fuerza Popular), exvicepresidente de la Mesa Directiva. En diálogo con El Comercio, el fujimorista dijo que está “esperando que se convoque a una sesión y pedir fecha para preparar informe”. Consultado sobre el motivo de la demora, indicó que estuvo “dirigiendo la primera vicepresidencia durante ese periodo y las sesiones se cruzaban con varias actividades propias de la Mesa Directiva”.

Si bien la denuncia a cargo de Arturo Alegría no es la misma que presentó la fiscalía, el efecto si se aprueba sería el mismo: levantar la inmunidad de Heidy Juárez para que sea procesada por el delito de concusión. En el caso de María Cordero, por ejemplo, la denuncia aprobada por el Congreso no fue la del Ministerio Público, sino la que presentó la parlamentaria Martha Moyano. Sin embargo, esta sirvió para que la fiscalía pueda formalizar la investigación en su contra por concusión, la cual actualmente se tramita ante la Corte Suprema.

En el caso de Magaly Ruiz, la SAC aprobó en febrero pasado archivar una denuncia por estos mismos hechos. Esa decisión, no obstante, está pendiente de ser ratificada o no por la Comisión Permanente. En tanto, la denuncia constitucional presentada en abril por Juan Carlos Villena no avanzó y recién será vista por la próxima gestión de la SAC, que pasará a ser presidida por María Acuña (APP).

La denuncia contra Jorge Flores Ancachi, presentada en mayo, ni siquiera ha sido calificada como procedente. Previamente, tres denuncias previas contra el mismo legislador por presunto recorte de sueldos fueron acumuladas y su informe fue encargado al legislador Arturo Alegría en mayo pasado. Al respecto, el congresista dio a este Diario la misma respuesta que en el caso de Heidy Juárez: está a la espera de que se convoque a una sesión de la subcomisión.

Finalmente, las denuncias constitucionales de la fiscalía fueron presentadas en agosto, con la SAC en receso. Como tal, tampoco han tenido mayor avance que el de ingresar por mesa de partes. Meses atrás, ambos fueron blindados por casos similares en la Comisión de Ética: les dieron solo 60 días multa como sanción.

Las primeras cinco denuncias de este año fueron recibidas durante la gestión de Lady Camones (APP) como presidenta de la SAC. Para la actual legislatura, desde esa misma bancada han indicado que la nueva titular será María Acuña, del mismo partido.

Acuña era una de las congresistas indagadas por el Ministerio Público por presuntos recortes de sueldos. Sin embargo, su caso se convirtió en el único hasta la fecha en que el fiscal de la Nación resolvió archivar la indagación al no hallar elementos suficientes para presentar una denuncia constitucional. En tanto, el caso de Alejandro Soto, expresidente del Congreso, sigue pendiente de pronunciamiento de parte de la fiscalía.

El Comercio consultó a la saliente presidenta de la SAC, Lady Camones, a qué atribuía las demoras en estos casos. Hasta el cierre de esta nota, tampoco hubo respuesta.

Para el exfiscal anticorrupción Martín Salas, estas demoras también son un blindaje de los parlamentarios a sus colegas acusados de ‘mochasueldos’. EL abogado remarcó que sin el trámite de las denuncias constitucionales, la fiscalía no puede seguir investigando a los congresistas implicados y se está “interrumpiendo el paso regular del proceso penal”.

“Se necesita [la aprobación de la denuncia constitucional], es crucial. Muchos de los casos ‘mochasueldos’ están en manos del Congreso. Políticamente, están blindado, están sustrayendo de la investigación penal a sus colegas. Y la sustracción de la investigación penal es un delito [...] Esta demora trae una obstrucción a la justicia”, comentó a El Comercio.

Por otro lado, comentó que las dilaciones también ponen en riesgo el futuro éxito de la investigación, en caso estas puedan eventualmente continuar, por el riesgo de que las pruebas y testimonios que hoy existen contra los denunciados desaparezcan o sean ocultadas.

“El riesgo temporal es la prescripción y el riesgo material es la desaparición de las pruebas. La siguiente etapa todavía es de investigación preparatoria. Mientras no la autoricen, no se desarrollan, y las pruebas se desvanecen, desaparecen, se destruyen”.

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi, exjefe de Gabinete de la Mesa Directiva y especialista en temas parlamentarios, consideró que el antejuicio de los congresistas se ha convertido en una figura “anacrónica y promotora de impunidad”. “Va en contra de la tendencia global de lucha contra la corrupción y de la buena administración pública”.

Indicó que casos de excongresistas como Luciana León y Héctor Becerril, que demoraron varios años en resolverse, son ejemplos de esto. “El caso de los ‘mochasueldos’, a este paso, se va a ver cuando esto acabe este quinquenio, en el 2026. Eso es inaceptable”.

Rospigliosi opinó que los congresistas denunciados como ‘mochasueldos’ se han convertido en “tontos útiles”, a quienes se les da la “protección” de dilatar sus casos a cambio de votos en leyes promovidas por la mayoría parlamentaria. “Pobre de ellos de que no voten como la mayoría quiere, porque avanza su denuncia”, dijo.

También dijo que por más que los titulares de la SAC puedan tener “buena voluntad” ante estos casos, al final solo son un voto entre las mismas fuerzas que ya blindaron a los acusados de ‘mochaueldos’ en la Comisión de Ética,. En esa línea, consideró que se debe reformar la Constitución para eliminar el antejuicio de los legisladores, para lo que solo se requerirían 66 votos a favor y luego una ratificación vía referéndum.