El Congreso es la única entidad que designa a su propio auditor: ¿está dispuesto a dar marcha atrás?

Pese a los reiterados cuestionamientos por las polémicas contrataciones de bienes y servicios, el Congreso se mantiene como la única institución del Estado con autonomía para designar a su propio auditor; es decir, al jefe del Órgano de Control Institucional (OCI). En el resto, ese nombramiento está a cargo de la Contraloría General de la República.

Aunque la ley de fortalecimiento de la contraloría, aprobada en el 2018, contempló la independencia de los OCI, la medida aplicó para todos, menos para el Parlamento.

Y hasta la tarde del martes, como reveló El Comercio, el Congreso aún no elegía a su nuevo auditor general, a pesar de que la contraloría remitió un oficio con tres propuestas para ese cargo hace más de un mes.

Los voceros de diversas bancadas parlamentarias coincidieron en que, en aras de la transparencia, la designación del auditor debe pasar a manos de la contraloría.

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La legisladora Patricia Juárez, portavoz de Fuerza Popular, señaló que esa decisión “sería un punto menos para las críticas respecto a la transparencia que debe existir en el Congreso, que siempre debe ser del 100%”.

Juárez añadió: “La propuesta [para seleccionar al auditor] no viene del Congreso. Es la contraloría la que propone la terna, pero a efectos de que no exista ningún atisbo de duda, de que el Congreso por allí quiso saltarse las barreras de fiscalización de la Contraloría [...] si se modifica [la ley] no creo que estuviera mal”.

En las últimas semanas, el Congreso fue cuestionado por destinar S/ 315 mil a la compra e instalación de 1600 metros cuadrados de alfombras para adornar cinco ambientes del Palacio Legislativo. Para ello contrató a la empresa Kotlin Services SAC, en cuyo domicilio legal funciona una pollería.

Previamente, “Cuarto poder” reveló que el Congreso dispuso reemplazar el menú a la carta que recibían los legisladores a S/ 10.59, por un variado bufet por el que se llegó a pagar S/ 80 por persona.

El vocero alterno de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, señaló a El Comercio que “todo el aparato administrativo del Congreso tiene que ser sometido a evaluación y revisión”.

“Hay que revisar todo porque no podemos estar todos los días con escándalos. Hay que revisar las compras y someterse a los procesos de investigación ordinaria, pedir que la contraloría investigue y rearmar los sistemas administrativos, donde parece que las cosas se están decidiendo mal. Estas [las compras] no son decisiones de los congresistas, pero pagamos responsabilidades ajenas”, señaló.

"Hay que revisar las compras y someterse a los procesos de investigación ordinaria, pedir que la contraloría investigue"

En tanto, el vocero del Bloque Magisterial, Paul Gutiérrez, aseveró que su bancada “tendrá que apoyar cualquier proyecto de ley que tenga que ver con transparentar los procesos [de adquisiciones]”. Entre ellos - confirmó Gutiérrez- estaría una iniciativa de Perú Libre para que el auditor del Congreso sea designado por la contraloría.

La propuesta fue presentada por la legisladora María Agüero Gutiérrez el pasado 16 de febrero. Plantea modificar el artículo 39 del reglamento del Congreso.

El mencionado artículo establece que el auditor es nombrado por acuerdo de la Mesa Directiva, a propuesta del presidente del Parlamento.

En opinión de Gutiérrez, “en aras de la transparencia tendría que haber algunos cambios [en la modalidad para designar al auditor]”.

En tanto, el vocero alterno de Renovación Popular, José Cueto, aseguró que desconocía que el Congreso tenía la facultad de designar a su auditor, como ninguna otra institución.

“Y yo he trabajado toda mi vida en el Estado. Siempre el jefe de OCI es nombrado por la contraloría. [...] Sí creo que es la contraloría quien debería designarlo. Me pareció raro que hubiera una terna. Nunca había escuchado eso”, afirmó a El Comercio.

No obstante, Cueto precisó que, al contarse con una terna propuesta por la contraloría, “no es que el Congreso busca un amigo para nombrarlo jefe de la OCI”.

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El ex oficial Mayor del Congreso César Delgado Guembes señaló a El Comercio que, hasta 1992, la norma establecía la creación de comisiones revisoras de las cuentas de cada una de las cámaras del Congreso, cuando este era bicameral.

Esas comisiones estaban a cargo de diputados y senadores. “Pero ahora simplemente se ejecuta el presupuesto y nadie revisa nada”, señaló.

El lunes pasado, el ex oficial mayor del Congreso José Elice aseguró que los gastos para adquisiciones y servicios no son solo temas administrativos, sino también políticos, ya que son para el desempeño de actividades parlamentarias.

No obstante, la legisladora Juárez consideró que los congresistas no tienen “absolutamente nada que ver con el área administrativa. [...] [Y si fuera así] definitivamente habría algún sesgo político en el manejo administrativo y eso sería un caos”.

En opinión de Juárez, “la parte administrativa tiene que estar con las personas especialistas”.

El legislador Cueto coincidió con esa postura y añadió que los congresistas no deben tener ningún tipo de injerencia en los temas administrativos. “Para eso existe una OCI que debe controlar el manejo de los fondos”, sentenció.