La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso archivó este martes 11 de febrero una denuncia presentada contra el expresidente Francisco Sagasti (2020-2021) porque incluía hechos que comprenden otras denuncias que están en su fase final acusatorio.
En la sesión se hizo alusión al principio de no procesar dos veces por los mismos hechos a una misma persona, salvo la presentación de nuevas pruebas y en un nuevo periodo legislativo anual.
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El caso tiene que ver con la designación del secretario general del Despacho Presidencial en la gestión del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), quien se habría reunido con Sagasti a fin de que los requisitos para ese cargo sean diferentes.
De acuerdo a la propuesta de informe de calificación, elaborado por la secretaría técnica, Sagasti Hochhausler también es acusado de ordenar, de forma inconstitucional, el pase al retiro de varios tenientes generales.
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La medida se aprobó tras la designación del general PNP César Cervantes Cárdenas como comandante general de la Policía. Se trata de un caso comprendido en una denuncia anterior que se encuentra en su fase final.
En otro momento, tuvo el mismo destino el Informe de Calificación 491, interpuesta por la fiscal suprema Delia Espinoza contra el exministro de Justicia Félix Chero, a quien se le acusa de los presuntos delitos de patrocinio ilegal, falsedad genérica y otros.
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Otro es contra Henry José Ávila Herrera por su actuación como miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por el posible delito de cohecho pasivo.
Por 14 votos a favor, tres en contra y una abstención fue declarada inadmisible por no cumplir con requisitos establecidos en el Reglamento del Congreso de la República. Empero, se aprobó el otorgamiento de un plazo de tres días hábiles a la parte denunciante para subsanar omisiones advertidas.
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Finalmente, fue archivada la Denuncia Constitucional 422, interpuesta por el ciudadano Nolberto Alejandro Rubio Flores en contra de Imelda Julia Tumialán Pinto, exintegrante de la JNJ, debido a una supuesta infracción a la Constitución y haber cometido supuestamente delitos de abuso de autoridad, omisión y rehusamiento de actos funcionales.
La razón de su archivamiento fue el incumplimiento de criterios de procesabilidad respecto a hechos que no constituyen infracción a la Constitución. Su archivamiento fue aprobado con 16 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
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