Reforma del sistema de pensiones: Caminos distintos para el proyecto del Ejecutivo y las mociones del Congreso

Antes de la presentación del proyecto del Poder Ejecutivo, en el Congreso 2020-2021 ya se habían ingresado al Parlamento tres iniciativas y tres mociones que proponían la creación de una comisión especial para el estudio de la reforma integral del sistema de pensiones, tanto público como privado.

La Junta de Portavoces aprobó, el jueves 30, que la propuesta del gobierno sea derivada a la Comisión de Economía y las mociones que tenías en espera pasen al próximo pleno. Todo apunta a que el Congreso aprobará una comisión según sus lineamientos y atribuyéndose los créditos.

A finales de marzo, el presidente Martín Vizcarra planteó la necesidad de estudiar una propuesta de reforma del sistema de pensiones, que buscaba frenar el avance del proyecto del Congreso que proponía el retiro del 25% de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

La posición del jefe de Estado no tuvo efecto y la iniciativa legislativa fue aprobada el pasado 3 de abril, y promulgada por el mismo Parlamento, este jueves 30, ante la falta de pronunciamiento del jefe de Estado dentro del plazo legal de 15 días útiles, establecido en la Constitución.

Si bien la propuesta de Vizcarra no logró efectos sobre la norma del 25% de las AFP, sí ocasionó que algunas bancadas intenten adelantarse al inicio de la discusión para la reforma del sistema de pensiones. Fue así que, tras el planteamiento presidencial de finales de marzo, se presentaron tres proyectos y tres mociones para crear una comisión especial.

El pasado miércoles 29 de abril, el mandatario Vizcarra su propuesta legislativa que lleva el nombre de “Ley para la reforma integral de los sistemas de pensiones”, pero que su marco normativo solo contempla la creación de una comisión mixta.

Tras la presentación de este proyecto del Ejecutivo, otras dos bancadas se subieron a la ola de propuestas y sumaron otras dos mociones.

En total son nueve iniciativas: ocho del Congreso y una del Ejecutivo, las cuales fueron presentadas en el siguiente orden cronológico.

La diferencia entre un proyecto de ley y una moción es que el primero debe pasar por un estudio de comisiones, salvo que la Junta de Portavoces decida exonerarlo del trámite de dicho trámite. En el caso de la segunda solo necesita ser incluida en la agenda del pleno, aunque también requiere de un acuerdo de los voceros.

En su última reunión, los portavoces acordaron, por unanimidad, enviar a la Comisión de Economía, el proyecto del Ejecutivo que plantea la creación de un grupo de reforma e incluyeron en la agenda del pleno cinco mociones de distintas bancadas que proponían lo mismo. Es decir, el pleno -que se estima sería el próximo martes- aprobará una comisión según sus propuestas y sus términos.

La única manera de que el proyecto del Ejecutivo llegue a debatirse en el pleno junto a las mociones ya programadas, es que la Comisión de Economía se reúna, máximo el lunes, para emitir un dictamen favorable y este sea agregado en la agenda del pleno a través de una nueva reunión de la Junta de Portavoces.

Conformación en discusión

Las mociones, al ser textos de trámite rápido, no requieren de un desarrollo normativo, como sí lo estipula el reglamento para los proyectos de ley. Es por ello que en este caso, las mociones que ingresan al pleno solo proponen la creación de la comisión especial multipartidaria, pero no especifican los detalles de su conformación. Eso se deberá definir en el debate del pleno.

Pese a ello, una mirada a los proyectos de ley que también plantean la creación de una comisión de reforma, pueden dar luces de lo que termine aprobando la representación parlamentaria.

Las propuestas legislativas varían principalmente en la conformación de los integrantes. Aunque si buscamos coincidencias, tenemos que todas plantean que tengan representación, además del propio Congreso, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Banca y Seguros AFP (SBS), y el Banco Central de Reserva (BCR).

El legislador Jorge Vásquez (Acción Popular, Cusco) acusó en el Congreso que la propuesta del Ejecutivo era muy similar a la suya, pero lo cierto es que existen bastantes diferencias. Y en todo caso, existían dos propuestas previas a la suya, la de APP y la de Frepap.

Acción Popular, la principal fuerza parlamentaria, ha sido uno de los principales críticos al planteamiento del Poder Ejecutivo. Su vocero alterno Ricardo Burga (Lima) recordó que, en mayo 2019, se aprobó la Ley del Régimen Especial de Jubilación Anticipada, donde el Congreso disuelto dispuso, mediante una disposición complementaria, la creación de un Consejo Especial para que estudie, evalúe y recomiende reforma integral de sistemas de pensiones (ONP y AFPs).

“Ya tendríamos la propuesta, pero Ejecutivo no instaló el consejo. ¿Cómo podemos volver a creer en esta nueva propuesta de comisión del Ejecutivo?”, cuestionó Burga.

El último antecedente que se tiene de un grupo revisor del sistema privado de pensiones es la Comisión de Protección Social, creada en el 2017 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. A través de una resolución, el entonces ministro de Economía, Alfredo Thorne, designó a seis especialistas en la materia que, ad honorem y tras un trabajo de 180 días, emitieron un informe final que presentaba un diagnóstico, conclusiones y propuestas, no solo en el tema de pensiones, sino también en salud y en un seguro de desempleo.

Más de dos años después de la presentación de dicho informe, el Ejecutivo y el Congreso buscan partir nuevamente de cero. A ninguno se le ocurrió coger el informe de la Comisión de Protección Social como punto de partida. La última vez que se aprobó una reforma en esta materia, en el Congreso, fue en 2012, a casi veinte años de la creación del sistema privado de pensiones.