Contraloría propone al Parlamento prohibir subcontratación durante emergencias

El contralor general de la República, Nelson Shack, se presentó este martes ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento, que sesionó de manera virtual. Durante su exposición, propuso a nombre de su institución tres cambios normativos: el primero referido a prohibir la subcontratación durante situaciones de emergencia, como la del coronavirus.

“Vamos a remitir esta iniciativa primero para cerrar el tema de la intermediación, de la subcontratación. La subcontratación tiene sentido en obras, en servicios, pero no puede haber subcontratación para compra de bienes y eso es lo que está ocurriendo”, manifestó.

Explicó que el Estado debería comprar directamente a los fabricantes o a los distribuidores. “¿Por qué tenemos que comprarle a una empresa que se ha creado hace dos meses o, quizás, semanas? Hay que cerrar estos espacios vacíos, que no están mal en una situación regular”, agregó al hacer referencia que su despacho ha emitido, a la fecha, 800 informes de control.

Shack indicó que la segunda iniciativa de su institución versa sobre prohibir la contratación de empresas “que no tengan el giro o rubro de negocio y especialización señalado en los términos de referencia” de las bases de las licitaciones.

Esto luego de que la contraloría haya detectado que la Policía Nacional eligió a una empresa dedicada a la construcción, como actividad principal, para la compra de rancho frío y mascarillas N-95 para sus oficiales.

Y, por último, insistió en un proyecto para que el Congreso restablezca “la capacidad sancionadora” de la contraloría para castigar por responsabilidad administrativa a funcionarios públicos.

Recordó que la Comisión de Fiscalización del Parlamento que fue disuelto constitucionalmente emitió un dictamen favorable a esta última iniciativa.

“La contraloría tiene iniciativa legislativa para control, para cambiar algunas normas sobre su ley orgánica, pero aquí no se trata de eso, sino se hacer cambios en el sistema de contrataciones, vamos a alcanzar todo el análisis. Incluso, [proponemos] que se forme una mesa de trabajo con la participación de los sectores implicados. Para nosotros, es bastante razonable que en situaciones de emergencia se requieran medidas excepcionales”, subrayó.

Más de 1000 funcionarios recibieron canastas

El contralor Nelson Shack también aseguró que “el coronavirus ha desnudado no solo hechos de corrupción, sino la precaria capacidad de gestión” en los gobiernos locales.

“[Las municipalidades] se han demorado bastante en confeccionar procesos logísticos para la adquisición [de canastas], en muchos de ellos, además, de problemas de corrupción ha habido ineficiencia. Nosotros hemos advertido, pero más allá de eso no podemos hacer nada, en algunos casos se hará control posterior”, remarcó.

Detalló que el 80% de actos de corrupción detectados por su despacho durante la emergencia tiene relación a delitos como negociación incompatible, colusión y peculado.

Shack informó que hasta el momento la contraloría ha visitado 946 municipalidades de las 1074 que tienen previsto supervisar. “Hay más de 1100 funcionarios públicos que a pesar de que algunos ganan hasta S/8.000 han recibido sus canastas. Esto será parte del control posterior que vamos a realizar apenas concluya la cuarentena”, manifestó.

Durante la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Shack anunció que su despacho agregará un cuarto eje de control: la reactivación de las actividades económicas, con especial énfasis en los proyectos de infraestructura pública.

“Vale la pena recordar que este fin de semana, [el gobierno emitió] el Decreto Supremo N°080, que establece distintas fases de operación de la economía. Se indica que se les dará un impulso importante a distintas obras en materia de transporte, saneamiento y grandes obras del Plan Nacional de Infraestructura, hemos dispuesto la creación de este nuevo objetivo”, refirió.

La contraloría venía ejecutando control en tres áreas: sector Salud (insumos médicos, ventiladores, infraestructura, entre otros); canastas, que depende de las municipalidades, y entrega de bonos, que está a cargo de los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social y Trabajo; y los gastos relacionados a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

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